Aunque las provincias argentinas acordaron implementar políticas para lograr el déficit cero, sólo muy pocas podrán realmente ajustar sus cuentas. Según un informe elaborado por Standard & Poor's, el gobierno central no tiene fondos suficientes para transferir el monto garantizado y, aún cumpliéndose el escenario más optimista, las provincias enfrentan serios problemas de liquidez que dificultarán cumplir su cronograma de servicios de la deuda. Esta falta de liquidez pondrá en los próximos días a la mayoría de las provincias en riesgo.
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Para todo el año, el déficit fiscal previsto para las provincias alcanza los u$s 2.400 millones, de los cuales u$s 1.450 millones se registraron sólo en el primer semestre. Para Standard & Poor's éste es, sin embargo, un pronóstico muy optimista, dado que incluye un déficit proyectado para la provincia de Buenos Aires de sólo u$s 1.450 millones. Entre enero y julio esta provincia ya registró un rojo de u$s 1.250 millones, con lo cual en el segundo semestre debería registrar un déficit de apenas u$s 200 millones.
Pero, aun suponiendo que el desequilibrio en Buenos Aires se compense con mejores resultados en otras jurisdicciones, para el último trimestre del año las provincias necesitarán unos u$s 1.300 millones sólo para pagar intereses y capital de la deuda (sin incluir deudas atrasadas con proveedores). Se trata de «un monto significativo en vista de la falta de acceso a mercados internacionales de capital», explica el informe.
«Asimismo, las provincias están teniendo serias dificultades para renegociar los términos de sus préstamos con bancos comerciales, como lo habían hecho en diversas oportunidades del pasado», explica la calificadora internacional.
• Reducción
A esto se suma que el gobierno central está reduciendo sus transferencias por coparticipación. Justamente hoy se reúnen los gobernadores provinciales para consensuar un reclamo a la Nación en la reunión que mantendrán con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, mañana. El principal reclamo de las provincias será acelerar los envíos pendientes de la coparticipación (ver Ambito Nacional).
Al 3 de octubre pasado, el gobierno había acumulado moras por u$s 488,1 millones en sus pagos a provincias. La mayor parte de estas moras se acumuló en julio y setiembre. Según explica el informe se S&P, el monto adeudado a las provincias incluye u$s 325,3 millones de transferencias puras de coparticipación (fijados mensualmente en u$s 895,8 millones), u$s 87,9 millones de transferencias a través de leyes especiales (fijados mensualmente en u$s 375 millones), y u$s 74,9 millones de fondos asignados a programas de vivienda (FONAVI) fijados mensualmente en u$s 75 millones. Estos tres programas de transferencias, más otros fondos menores por u$s 19 millones, conforman el pago mensual fijo a provincias por u$s 1.364 millones establecido por el último compromiso federal de noviembre de 2000.
«Si bien no está claro cuándo las provincias recibirán las tansferencias adeudadas (en el pasado el gobierno ha mostrado cierta lentitud en cancelar su deuda), lo que más preocupa es qué pasará con los envíos en el futuro cercano», señala S&P.
En setiembre, con la recaudación nacional cayendo 14%, el gobierno central transfirió u$s 300 millones menos y «algunos datos disponibles para los primeros días de octubre indican que los retrasos podrían acelerarse en los próximos meses».
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