Recuperar el crédito público

Luciano Laspina - Diputado de la Nación del PRO - Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la HCDN

El Congreso de la Nación tiene en sus manos una decisión que puede poner fin a una saga que llevó a nuestro país a una situación que por lamentable, no deja de ser insólita. Argentina consumió unos u$s 55.000 millones de sus reservas para pagarle a los acreedores externos (incluyendo el FMI) desde 2005 en adelante pero hoy mantiene la casi totalidad de su deuda en default y ha logrado pulverizar el crédito público.

No es cuestión de buscar culpables sino de encontrar soluciones. El gobierno del presidente Mauricio Macri no vino a revolver en las razones del pasado para sacarse de encima las responsabilidades del presente. Nuestra administración, con aciertos y errores, vino para dar respuesta a los problemas de los argentinos. Y hay que entender que la falta de crédito público es un problema que sufre la gente, cuando pasan los años y las obras que se necesitan no llegan.

Para entender lo logrado hasta hoy, conviene tener conciencia de la complejidad del cuadro, tal como explicó el Ministro Prat Gay en su presentación ante el Congreso de la Nación.

El capital original que no ingresó a los canjes de 2005 y 2010 fue originalmente de unos u$s 6.092 millones pero el valor del reclamo trepó a unos u$s 18.824 millones, más del triple, por obra y gracia de los enormes intereses y punitorios acumulados en largos años de litigio y postergación de las soluciones.

Lo reclamado en la Justicia de Nueva York es la parte más importante de la deuda no reestructurada, pero no la única. El fallo del juez Griesa por la cláusula pari-passu alcanzó a unos u$s 1.927 millones de capital original que, por acumulación de intereses y punitorios, trepó a u$s 9.898 millones, incluyendo a los denominados "me too" (u$s 7.276 millones). El resto corresponde a bonistas y litigios de otras jurisdicciones, como Alemania, Argentina e Italia, entre otras.

La deuda no reestructurada engloba a más de 50.000 acreedores y a 150 bonos de diferentes monedas y jurisdicciones. Existen más de 1.000 juicios iniciados con y sin sentencia monetaria, con y sin protección de medida cautelar, y con y sin sentencia firme e inapelable ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Semejante complejidad jurídica y financiera requería una estrategia firme y basada en la verdad. Pero también una negociación de buena fe que pudiese desatar una madeja que llevó a la Argentina al default de su deuda y a la pérdida del crédito público. Es lo que el presidente Macri le encomendó al equipo negociador, encabezado por el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay y el Secretario de Finanzas, Luis Caputo.

Este fue el principio de la solución. Se explicaron los excesivos intereses devengados; se rechazaron las presiones para firmar "acuerdos de confidencialidad" que buscaban abrir la puerta a tratamientos desiguales entre acreedores con similar estatus jurídico. Y quizá lo más importante, el equipo negociador logró hábilmente desenmascarar ante el juez Griesa y el mediador Daniel Pollak la estrategia de los fondos más agresivos, esa lacra del sistema financiero global que sólo buscaba dilatar una solución al conflicto para seguir acumulando intereses y punitorios desorbitantes. En su presentación, el ministro Prat Gay estimó este costo en u$s 156 millones anuales, sólo para el grupo de acreedores con sentencia pari-passu.

La nueva estrategia permitió un giro abrupto en la actitud de la justicia americana y obligó a los acreedores más duros a sentarse a negociar y, como luego se vio, a aceptar la oferta que hizo el equipo negociador ad referendum de la ratificación del Congreso de la Nación.

La acumulación de derrotas judiciales ponía a la Argentina en una situación de enorme debilidad. Sin embargo, y contra muchos pronósticos, se ha logrado una elevada aceptación de la oferta y una reducción importante de la deuda reclamada. Si el Congreso la avala, la oferta argentina habrá logrado reducir el monto total del reclamo desde u$s 18.824 millones a u$s 11.684 millones. Esto implica una quita del 38% del total reclamado o del 56% de los intereses acumulados. Si se consideran los acuerdos ad referendum ya firmados, la quita de intereses ronda el 40%.

El Congreso de la Nación tiene la decisión en sus manos. Afortunadamente, hoy podemos decir que mayoritariamente tenemos una dirigencia política a la altura de las circunstancias. Si logramos los consensos, entre todos habremos recuperado definitivamente el crédito público. Ese que se necesita para financiar las rutas y los caminos, las cloacas en los barrios carenciados, las escuelas y los centros de primera infancia que faltan por cientos en las zonas más postergadas del territorio nacional, y las obras de infraestrucutura que necesitan nuestras empresas para generar nuevos empleos.

Es hora de resolver el problema, sacarnos esta mochila de encima y seguir adelante.