Reforma laboral: empresas advierten que para la formalización se necesita más crédito y capacitación

Aún falta presentar el proyecto oficial, pero fuentes ligadas a las modificaciones propuestas piden por un enfoque integral que incluya créditos y capacitaciones a empleados.

“No se trata de una reforma lo que pedimos, se trata de un paquete integral”, indican las empresas.

La reforma laboral se instaló en el debate de los empresarios. Aunque todavía no llegó al Congreso de la Nación, la discusión sobre su alcance, eficacia y contenido cobra un rol protagónico en el sector privado. Sin embargo, se escucha algo más: el reclamo de una política de vuelta al crédito, para comprar maquinaria o insumos, y también de capacitación para los empleados.

“No se trata de una reforma lo que pedimos, se trata de un paquete integral”, resume una fuente cercana al Consejo de Mayo, el órgano colegiado consultivo creado por el Gobierno nacional. La discusión, advierte, no debe limitarse al recinto de sesiones extraordinarias, y pide profundizar la baja de tasas y restablecer el financiamiento que sostenga inversión y formación dentro de las compañías.

EPyCA Consultora lee señales en esa dirección. Señala una menor contracción monetaria tras la inyección de $5 billones y la caída de tasas a un rango de 35%–44%. El BCRA, además, puso sobre la mesa el inicio de una flexibilización de encajes -hoy en 53,5%- y se comprometió para 2026 con el objetivo de acumulación de reservas.

“Tras meses de rigidez con miras a las elecciones, pueden empezar a relajarse las condiciones financieras, lo cual permitiría impulsar el consumo y la inversión amesetados hace seis meses”, dice la firma que dirige Martín Kalos. Con ese telón de fondo, toma fuerza una idea: sin políticas activas que reactiven la actividad, cualquier cambio laboral se queda corto.

Qué miran las empresas sobre la reforma laboral

En la UIA empujan ampliar las modificaciones más allá del judicializado DNU 70/23. El argumento es la informalidad en el tejido pyme. “El 20% de las empresas que operan en Argentina son multinacionales, el 80% pequeñas y medianas locales. La mitad tiene a sus empleados sin registrar de forma total o parcial”, afirma una fuente interna.

A su vez, destaca que desde 2012 el empleo formal se incrementó en un 3%, mientras que el empleo independiente bajo la forma de monotributo en un 42% y el público en un 34%.

El oficialismo aún no presentó un texto final. Se espera una combinación del proyecto de la diputada Romina Diez, presentado en noviembre, con lo acordado en la mesa del Consejo de Mayo.

Convenios por empresa: ¿piso o techo?

El punto más sensible pretendido por los pensadores de la reforma es el corrimiento del convenio por actividad para darle preeminencia al convenio por empresa.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lo defendió con un ejemplo: “Por ahí se ponen de acuerdo los gremios con Toyota en Campana, que es una empresa hiperproductiva, y le imponen ese salario a un productor en Tartagal, Salta, que no puede pagar esas condiciones”. Según sus cálculos, “si se pudiera quebrar esa unicidad en el salario, en el noroeste aumentaría el empleo un 16%”.

Los gremios ven un riesgo enorme en su planteo: si el convenio colectivo por empresa no se calza por encima del convenio colectivo por actividad, entonces se podría perforar el piso salarial.

La fuente vinculada al Consejo de Mayo admite el planteo, pero relativiza su alcance. “La decisión puede quedar atada a la negociación colectiva, pero los gremios se van a negar a darla”, señala. Además, añade que un esquema de aumento de salario por productividad “compensaría esa baja”.

En la práctica, advierten laboralistas en off, la medida impactaría sobre todo en las pymes, donde la representación sindical es más débil que en las grandes compañías. “Sturzenegger habla del caso Toyota. Pero es imposible extender ese ejemplo a las pymes, que tienen una espalda completamente diferente”, explica un referente del área.

¿Indemnizaciones con “Ahora 12”?

En la discusión por el formato final del proyecto de reforma gana espacio un formato “Ahora 12” para indemnizaciones, es decir, que puedan pagarse en cuotas. La razón la dan los números: entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, la inflación acumulada fue 358,76% y alimentó fallos millonarios, junto con honorarios de igual calibre para los abogados.

Será por eso que, en el 15° Foro de la consultora ABECEB, realizado el miércoles, la discusión sobre litigiosidad fue uno de los ejes que atravesó los pasillos del Faena Art Center.

En ese sentido, un abogado laboralista cercano al PRO marcó un “grave error técnico” de la Ley Bases: eliminar multas por falta de registración o despido sin causa sin tocar los supuestos que habilitan juicio. “Las sanciones quedan sin tarifar, pero no desaparecen. El juez termina fijando el monto, y es lo mismo”, explicó allí.

También avanza el debate sobre la homologación de acuerdos para cerrar relaciones laborales por mutuo consentimiento y bloquear reclamos futuros por horas extra u otros conceptos no registrados.

El banco de horas y la jornada laboral

El banco de horas vuelve a dividir aguas. Para las empresas, ordena picos y valles de demanda acumulando horas y compensando con descansos. Para los sindicatos, posterga el pago de extras y erosiona el ingreso. En todos los casos, según asegura un empresario, la implementación quedaría sujeta a negociación bilateral: el Estado fijaría el marco y la letra chica se acordaría entre cámaras y gremios.

De nuevo, el resultado dependerá de la correlación de fuerzas particular. “No es lo mismo la intervención del gremio que la de una comisión interna”, comparan en diálogo con este medio.

La discusión sobre la reforma laboral desde ópticas opuestas

Silvina Scarimbolo, asesora en relaciones laborales y abogada laboral para empresas, pone el foco en la formalización como política de Estado. “El contexto que tenemos hoy es de un 40% de informalidad. Si ese es nuestro contexto, siempre es el mejor momento para una reforma”.

Para la profesional, la clave del cambio en la legislación es el salto al sistema registrado: “Una persona que trabaja en la informalidad no tiene derechos, no tiene protección, no tiene futuro. Cuando pasa al sector formal empieza a tener estabilidad, vacaciones, cobertura, capacitación. Es otra calidad de vida, otra contención psicológica y emocional para el trabajador y su familia”.

En esa línea, insiste en la multiplicidad de soluciones. “La informalidad tiene multicausales, no se va a resolver simplemente con una reducción de aportes o contribuciones”, entiende la abogada.

Un factor que adquiere especial importancia en su análisis es la posibilidad de que el trabajador pueda ser capacitado en la empresa. “El CIPPEC muestra que solo el 13% de la población termina la primaria y secundaria de corrido. No se trata solo de formalizar a un trabajador, sino también de capacitarlo”, resalta.

A modo de ejemplo, Scarimbolo menciona que en la organización del tiempo de descanso ve margen de mejora: “Las vacaciones podrían partirse en una fracción mínima de siete días y ser utilizadas durante todo el año”. Sobre el banco de horas, pide equilibrio para “compatibilizar la vida laboral y personal”, respetando el límite mínimo de jornada de 12 horas de descanso.

“La flexibilidad, si se da en un marco justo, puede ser una herramienta de equilibrio, no una amenaza”, entiende la abogada.

A su vez, marca que la incorporación de la tecnología debería incorporarse en la ley de contrato de trabajo para adaptarla a la nueva realidad.

“Hoy la tecnología atraviesa todos los institutos laborales: desde el tiempo que lleva realizar las tareas, hasta las formas de vida, el trabajo en la empresa o desde casa, y el uso del tiempo libre”, dice Scarimbolo.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), se para en la vereda opuesta. “No es solo decir lo que sí se debe reformar, sino para qué es necesaria una reforma laboral. ¿Con qué objetivo? Mejorar la vida de las personas que trabajan”, resalta en diálogo con este medio.

Por su contenido, señala que el proyecto oficial va por otro lado: “El Gobierno plantea que con una reforma regresiva va a haber crecimiento del empleo y crecimiento económico. Y eso es falso” y agrega: “La hipótesis es que hay que facilitar el despido, reducir los costos laborales, flexibilizar la jornada y favorecer a los empresarios para que contraten. Está demostrado que una cosa no tiene que ver con la otra.”

Su crítica es estructural y apela a evidencia comparada. “Nunca en la historia ni de Argentina ni del mundo una reforma laboral de estas características tuvo como resultado que mejoren los indicadores económicos o sociales. La OIT analizó reformas laborales de 63 países. En ningún caso una reforma regresiva mejoró los indicadores”, asegura Cremonte.

Para el reelecto presidente de ALAL, el motor es la macro. En ese sentido, señala que la legislación laboral, en definitiva, “es intrascendente” y baja a tierra el argumento: “Podés eliminar la indemnización por despido, extender la jornada o bajar salarios, pero si los empresarios no venden porque el consumo cayó, no van a contratar a nadie”.

Sobre los convenios por empresa, su mirada es tajante: “En una actividad, para todo el país, rige una escala salarial determinada. Por empresa se puede negociar, pero siempre para arriba de ese piso: se puede firmar un premio por productividad, por ejemplo. Eso existe. Lo que ellos quieren es exactamente lo contrario: invertirlo”, asegura el abogado.

Para explicar la función del salario por actividad, Cremonte se remonta a la década del ‘30: “Una de las razones por las cuales se fijan salarios por actividad es que eso lo inventó Roosevelt para enfrentar el crack financiero en Estados Unidos”, recuerda.

“En 1934, cuando asume (Roosevelt), una de las herramientas que utiliza para enfrentar la crisis fue justamente la negociación colectiva por actividad: que se fijen salarios comunes para toda la actividad, de modo que las empresas no compitan entre sí por salarios bajos, ni las grandes ni las chicas. El convenio por empresa, en cambio, abriría esa competencia”, alerta el especialista.

Por último, también discute el concepto de “industria del juicio”. “El gran problema de los juicios laborales no es la tasa de interés, es que duran siete años cuando deberían durar seis meses. La llamada industria del juicio tiene que ver con el grado de ilegalidad del mercado laboral. Un 40% de la mano de obra está en la informalidad y todos los días podría iniciar un juicio laboral”, concluye el abogado.