El objetivo del oficialismo es tratar la medida en sesiones extraordinarias. Establece una serie de cambios en los contratosy los modos de trabajo.
Javier Milei impulsa una nueva reforma laboral que se debatirá en el Congreso.
Tras varias semanas de negociaciones internas y reuniones en el Consejo de Mayo, el gobierno de Javier Milei concluyó la versión definitiva del proyecto de reforma laboral, documento que el Presidente firmó este jueves con el objetivo de remitirlo al Congreso de la Nación en las próximas horas. El oficialismo remarcó que su intención fue dejar lista la iniciativa antes del inicio de las sesiones extraordinarias, cuya convocatoria quedó ratificada el martes pasado.
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En Casa Rosada adelantaron que la meta es aprobar la reforma antes de que termine el año legislativo, siguiendo un cronograma que busca también que la senadora Patricia Bullrich presida la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, espacio clave para el tratamiento del proyecto.
La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo reescribió aspectos centrales de la legislación laboral vigente: define nuevas reglas para vacaciones, introduce la figura del banco de horas, modifica criterios de indemnizaciones, redefinió el régimen de despidos e incorpora cambios en procedimientos judiciales y administrativos vinculados al mundo del trabajo.
La reforma, según explicaron en el oficialismo, procura establecer un marco moderno que impacte sobre los sectores público y privado, generando lo que describen como un “reordenamiento” de la relación laboral.
El propósito declarado es adaptar la normativa a un esquema más flexible e incorporar herramientas consideradas “actualizadas” por los redactores del proyecto.
El proyecto busca, entre otros objetivos, flexibilizar las condiciones para contratar y despedir personal a la par de limitar el ejercicio del derecho a huelga. Entre las claves de la reforma que busca llevar adelante el Gobierno, se pueden enumerar las siguientes:
Cambio en el cálculo de indemnizaciones. Ya no se incluirían conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios al calcular indemnizaciones, lo que tiende a reducir su monto.
Modificaciones a la jornada laboral. El proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre.
Sindicato y retención de cuotas. Las empresas dejarían de retener automáticamente cuotas sindicales; esto solo podría ocurrir con autorización del trabajador.
Convenios colectivos. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.
Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Más actividades serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.
Beneficios fiscales a empresas. Incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.
El texto final surgió tras seis reuniones del Consejo de Mayo, organismo que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores, cámaras empresariales y representantes sindicales. Desde el inicio, varios actores sociales expresaron objeciones a los cambios impulsados por el Ejecutivo, en especial los referentes de la CGT, que rechazaron los puntos vinculados a modalidades de contratación, indemnizaciones y reorganización de la estructura laboral.
En el documento de conclusiones del Consejo se incluyó la exposición de Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, quien destacó la importancia de la Formación Profesional y advirtió sobre los efectos de modificar pilares de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, dirigentes cegetistas aclararon luego que no acompañaron varios de los planteos que aparecieron en la redacción oficial.
Aunque el Gobierno remarcó que tomó nota de observaciones sindicales, la central obrera mantuvo su resistencia al proyecto. Martínez afirmó en una de las reuniones: “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, aludiendo a que, para la CGT, la propuesta avanzaba sobre derechos laborales adquiridos.
En paralelo al cierre del proyecto, el Ejecutivo realizó movimientos destinados a mitigar el malestar sindical. Uno de los puntos más sensibles —los aportes obligatorios conocidos como cuotas solidarias a las cajas sindicales— no formó parte del texto definitivo, a diferencia de los borradores iniciales impulsados por Federico Sturzenegger y respaldados por la senadora Patricia Bullrich.
Fuentes oficiales explicaron: “Es una reforma que tiene por objetivo generar trabajo. Todo lo que no vaya en esa dirección quedará para ser discutido más adelante”, dejando entrever que optaron por retirar algunos ítems para evitar una escalada de conflicto.
En el Gobierno aseguraron que el Presidente mantiene buen vínculo con ciertos dirigentes sindicales y que evaluaron conveniente evitar tensiones durante diciembre. Entre quienes intercedieron para moderar posturas internas se mencionó al asesor presidencial Santiago Caputo, crítico de avanzar con una confrontación abierta con la central obrera.
El proyecto de reforma laboral será ingresado al Senado durante estas sesiones extraordinarias. Una vez que Javier Milei regrese de su viaje a Oslo, donde participará de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, comenzará formalmente el trámite parlamentario.
En Balcarce 50 reconocen que, pese a los gestos hacia la CGT, esperan medidas de fuerza en los próximos días porque “es lo esperable, es lo que tienen que hacer”. No obstante, confían en que el oficialismo logrará los apoyos necesarios para el avance del proyecto, aprovechando el nuevo mapa legislativo y las negociaciones con bloques dialoguistas.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo recordaron que el proceso de cierre administrativo del texto está terminado: “Una cosa es cerrar el proyecto y otra es completar el circuito formal para remitirlo desde Presidencia al Poder Legislativo”, señalaron.
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