El fondo solo sirve en caso de una desvinculación, pero los empresarios lo ven como algo eventual. Mientras tanto, la plata está como en una vidriera sin poder ayudar a reducir costos.
Los juicios laborales son la verdadera barrera a la creación de empleo, dicen las pymes.
La reforma laboral aprobada por el Senado satisface gran parte de las demandas de los empresarios, aunque entre los representantes del sector, especialmente en las pymes, queda la sensación de que podría haber resultado mejor. Uno de los cuestionamientos es por el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
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El mismo fue introducido en la reforma por el ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de darle mayor profundidad al mercado de capitales doméstico. El FAL se va a nutrir de una parte de los aportes que las empresas hacen al sistema jubilatorio hasta cubrir la contingencia completa en caso de que una firma tenga que despedir a su personal. Luego de ello el aporte regresa al sistema previsional.
Algunos especialistas han estimado que podría representar unos u$s3.000 millones que se podrán invertir en cierto tipos de fondos especializados y autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) donde el Estado podrá tomar dinero prestado o las empresas. En ese sentido, sienten que para el empresario no representa mayor costo, ya que es la misma plata que paga todos los meses, y que no va a servir de mucho debido a que "solo se podrá usar en caso de un despido".
Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) planteó que se podría haber usado para cubrir contingencias que derivan del ausentismo, aunque dicha propuesta no permeó en el oficialismo. Explicó que en el sector pyme el ausentismo es del 14% y que va a costo del empresario. Un empleado con un certificado simple de un médico puede obtener una licencia de un mes por una enfermedad o dolencia, y cobra el 100% de su salario igual.
En definitiva, a los empresarios no le cambia mucho su costo habitual de contratar un trabajador. Sigue pagando los mismos importes todos los meses. La reforma laboral les sirve para evitar algunos costos en caso de conflicto, o para organizar mejor internamente el trabajo.
En la primera reunión de este año, el martes, la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) indicó que sus integrantes "coincidieron en la importancia de avanzar con la modernización del marco laboral como condición necesaria para la generación de empleo formal, luego de más de una década sin creación de nuevo empleo registrado". Pero aclaran que "es fundamental reducir las posibilidades de litigiosidad y darle a las empresas mayor previsibilidad del marco normativo".
Lo que más problemas generan a las empresas, hoy por hoy, son los juicios de riesgos del trabajo, problema sobre el cual el Gobierno carece de herramientas legales. Solo puede tratar de llevar el tema de manera política.
Vale subrayar que, tras la reforma constitucional de 1994, el fuero del trabajo de la Justicia quedó para las provincias, por lo cual son estas las que tendrían que empujar la aplicación de la Ley de Riesgos. Pero no lo hacen. Y así, a pesar de que los accidentes, enfermedades y muertes en el ambito del trabajo disminuyeron fuerte en los últimos 20 años, los juicios siguen arriba.
De acuerdo con un informe de la Fundación Libertad y Progreso, durante 2025 se iniciaron casi 132.000 juicios por Riesgos del Trabajo, el nivel más alto desde la creación del sistema.
"Esta cifra implica que los juicios laborales se multiplicaron por 44 desde el año 2003 a la fecha. Además, esto equivale a más de 350 nuevas demandas por día hábil, consolidando una tendencia que se profundizó en los últimos años", acotó el estudio.
"La discusión sobre la reforma laboral incorpora cada vez con más fuerza el capítulo de los juicios laborales. El desafío es reducir la judicialización sin debilitar la protección del trabajador, corrigiendo incentivos que hoy favorecen el conflicto legal aun cuando los niveles de accidentes no lo justifican", indicó la entidad.
En tanto, Mario Ackerman, abogado laboralista y profesor emérito de la UBA planteó duras sobre la efectividad de la ley; "Yo no se cómo va a generar empleo". Indicó que un trabajador de aplicaciones "no va a tener ningún derecho laboral". "Si para atraer inversiones hay que tener esclavos es mejor no tenerlas", sintetizó.
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