La oficialización del Plan de Financiamiento Ordenado (PFO) que concretó el gobierno nacional esta semana -vía decreto- acrecentó el malestar en las provincias distanciadas de la línea política del presidente Eduardo Duhalde. Desde estos distritos aseguran que la norma lanzada por el Ejecutivo no hace más que «blanquear» una supuesta discriminación en las transferencias de fondos, a la vez que degeneraría el espíritu del plan, asignando -dicen- para el pago de sueldos y el salvataje de distritos mal administrados dinero que, se supone, debía ser destinado sólo a financiar el déficit financiero provincial. Tras la publicación del decreto, se abre un foco de conflicto, que continuaría en el Congreso Nacional. Legisladores de las provincias que cuestionan el manejo de fondos harán un pedido de informe y, de no haber aclaración oficial, pedirían la próxima semana una interpelación al ministro de Economía, Roberto Lavagna.
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Es en esta clave que el senador nacional Eduardo Menem pidió ayer que el ministro del Interior, Jorge Matzkin, dé explicaciones sobre el adelanto de fondos. Su proyecto de resolución es claro: «Puede suponerse que dichos adelantos tendrían una distribución arbitraria, que podría estar enmarcada en el proceso de elecciones internas partidarias». El tema tiene en vilo a distritos como La Pampa, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, Salta, La Rioja, Mendoza, Río Negro y Chubut que, con matices, representan a las mejor administradas, a las de neto corte menemista o las manejadas por la UCR.
En la edición de este lunes, Ambito Financiero publicó las sospechas de este arco opositor a Duhalde acerca de la supuesta asignación discrecional de unos $ 350 millones para manipular la interna justicialista, repartiéndolos en forma desigual y a cuenta del PFO, es decir, un futuro desembolso del FMI. Por caso, provincias chicas como Jujuy o Tucumán recibieron $ 45 millones, Córdoba $ 54 millones y Buenos Aires $ 118 millones; en cambio Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Chubut y La Rioja recibieron nada o muy poco.
Con la publicación del Decreto 2.263/02, que da el marco legal al PFO, se confirmaron -dicen- los peores presagios, ya que en el artículo 7 consigna que «podrá contemplar la asistencia a determinadas jurisdicciones provinciales para regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales». Según las provincias no duhaldistas, este tipo de envíos no estaban contemplados en los acuerdos que 15 provincias firmaron con Nación para la reducción de sus déficit. «Esto revela que el Ministerio de Economía pasó de ser una cartera técnica a ser un lugar netamente político, porque entonces habrá que pegarse a los pantalones de Duhalde para ser beneficiado...», se quejaban ayer desde un gobierno norteño.
El total de fondos que dispone el decreto para que se transfiera en 2002 contempla préstamos por $ 2.730 millones para el financiamiento de entre 40% y 60% de los déficit de las provincias que suscribieron el acuerdo. En octubre se adelantaron los $ 350 millones de la polémica, pero -aseguran- estos fondos no fueron destinados a cancelar préstamos. «Hicieron el decreto después que dieron la plata para justificarse, porque se dieron cuenta de que nos avivamos de la maniobra», señalaron.
Además, existe otra preocupación para la oposición al duhaldismo. A la luz de que el PFO es uno de los puntos sobre los cuales más insiste el FMI para acceder a un acuerdo, temen que los métodos con los que se maneja el Presidente conduzcan a un nuevo alejamiento con la entidad financiera internacional o hasta hagan echar a perder el acuerdo. «Está claro que el FMI no nos va a dar plata para que Duhalde la reparta como quiera», sostenían ayer desde una cartera económica.
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