Riesgoso: aprobarán $ 900 millones más en subsidios

El Congreso deberá definir en el corto plazo aprobar proyectos con subsidios por más de $ 900 millones. No son aumentos del gasto público sino exenciones de impuestos. Apuntan a beneficiar a pymes pero también a favorecer proyectos como el del biodiésel y la biotecnología. Ni siquiera esto estaba contemplado en el Presupuesto que, de todas maneras, ya es sabido que pocas veces se cumple. El riesgo pasa por la amenaza al superávit fiscal, que de por sí está basado en impuesto al cheque y retenciones a exportadores. Puede que el objeto del subsidio sea positivo, como podría ser el de las pymes que reinviertan ganancias en maquinaria. Pero esta modalidad de subsidiar y direccionar beneficios en aumento ya en 2005 se hizo una costumbre a través de la Secretaría de Transporte, duplicando por decreto los fondos para sostener a los ramales ferroviarios. Ejemplos sobran. El propio Kirchner firmó hace una semana un decreto que reasigna cupos en los programas de diferimientos impositivos para cultivos en el Noroeste y planes turísticos.

José Luis Machinea

No será fácil para el gobierno argumentar ante sindicalistas y la oposición los problemas fiscales que puede ocasionar una suba en el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias -es el reclamo que detonó la crisis de los petroleros en Santa Cruz-; mientras sigue impulsando en el Congreso una lista de proyectos que promueven el desarrollo de distintas actividades o sectores, en total con un costo que supera los $ 900 millones.

Subir a casi el doble del nivel actual el mínimo no imponible en Ganancias tendría un costo que oscila, según el análisis, entre $ 598 y $ 625 millones. Sería, aproximadamente, el costo de volver la estructura de los mínimos en ese tributo a un nivel similar al que tenían antes del «impuestazo» de José Luis Machinea en 1999.

El gobierno rechaza esa idea pero, ante la fuerza de la protesta en Santa Cruz, prometió avanzar con alguna solución antes de mayo para dejar fuera del alcance de ese gravamen a los salarios de convenio de trabajadores petroleros, en este caso; aunque el conflicto se extiende a los camioneros y otros sectores con sueldos que se han recompuesto después de la devaluación.

Pero la negativa a debatir ese tema continúa en el Poder Ejecutivo. Con el paso del tiempo y los conflictos desactivados -se afirma incluso dentro del oficialismo-, es seguro que volverá la resistencia en Economía a debatir o una suba en el mínimo no imponible o soluciones paralelas, como incrementar las deducciones permitidas o modificar la escala de Ganancias. Más en un año que tiene un buen horizonte fiscal por delante,pero también fuertes vencimientos de deuda e intereses que afrontar.

Pero frente a este panorama, el mismo gobierno que se niega a aceptar una flexibilización en la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias sigue impulsando iniciativas que subsidian a distintos sectores con un alto costo fiscal. No es que se trate de proyectos cuestionables, ya que en general los fines son estratégicamente interesantes, pero los sindicatos que hoy protestan pidiendo una baja en Ganancias quizá no adhieran a ese razonamiento. Los ejemplos que se han visto en los últimos meses se pueden contar por decenas, pero basta con ver los que están próximos a nacer.

Uno de los casos es el de la ley de fomento a la biotecnología que votará el Senado esta semana. Se trata de impulsar el desarrollo de ese sector a través de desgravaciones en el Impuesto a las Ganancias, un sistema de devolución anticipada de IVA y hasta se permite convertir en crédito fiscal 50% de las cargas sociales.

El costo fiscal es difícil de calcular ya que se trata de un sistema a largo plazo.

Para acotar un costo que podría ser sideral, los senadores establecieron que sólo podrán acogerse a esta suerte de subsidio los proyectos que se presenten de ahora en más.

Otro caso es el de la elogiable promoción del biodiésel. Es el segundo tema en espera en el Senado, con un sistema de subsidio fiscal similar al de la biotecnología y para el que Felisa Miceli pidió celeridad. Establece un plan de fomento a futuro para el desarrollo de ese combustible a partir de la soja. Tiene todo a su favor: no es contaminante, la materia prima es renovable, la Argentina dispone de ella y el costo por litro llegaría dentro de poco tiempo a equiparar al del gasoil obtenido del petróleo, permitiendo reducir las importaciones que hoy debe hacer el país. El problema es que el costo inicial de producción es alto. De hecho, un proyecto en el Senado establece la obligatoriedad de utilizar 5% de biodiésel en cada litro de gasoil al comienzo. La iniciativa tiene una demora de más de un año en el Congreso, y esto tiene su explicación: Roberto Lavagna nunca la apoyó objetando precisamente el alto costo fiscal.

Otro ejemplo da vuelta desde hace meses por el Congreso sin concretarse: la promoción para inversiones en pymes por la que se las exime del pago de Ganancias por las utilidades que reinviertan en bienes de capital. Es un programa de dos años de plazo que también tuvo resistencias en el gobierno a pesar de ser un proyecto oficial. Cuando ahora parecía listo para ser sancionado, volvió a sufrir críticas por parte del titular de la AFIP, Alberto Abad, que también cuestiona el alto costo fiscal que podría tener la medida.