Se confirmó que UIA acepta el salario mínimo en $ 630

Los empresarios aceptarán incorporar los $ 150 que ya perciben sus empleados al salario mínimo. Ayer representantes de la Unión Industrial Argentina y de otras entidades salieron del despacho del ministro Tomada con expresión de alivio: el funcionario les prometió que ese monto no irá a los básicos de convenio. Se confirmó que habrá acuerdo de empresarios con la CGT para elevar el mínimo a $ 630. En el paquete de medidas del gobierno con vistas a las elecciones legislativas de octubre ya es un hecho que habrá una mejora en el salario de bolsillo para los que cobran entre $ 1.835 y $ 3.500 (dejarán de estar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias). También aumentos en las asignaciones familiares. Esto no es gratis para el gobierno: son $ 1.000 millones anuales, demasiado para un país con las finanzas públicas muy comprometidas por los pagos de la deuda, nueva y vieja. Esto sin contar las complicaciones que genera en las provincias, que deben convalidar estos esquemas en sus empleados públicos. Dos hechos muestran claramente la inconsistencia de este paquete electoralista. El nuevo salario mínimo casi duplica los ingresos de los que hoy están empleados en negro en la economía. Muy lejos de la realidad. Y, además, el gobierno insiste en mantener el dólar cerca de 3 pesos, lo que condena a salarios bajos en la Argentina. ¿Por qué no seguir el ejemplo de Brasil que deja caer el real por debajo de 2,40 y aun así exporta cada día más?

El flamante titular de la UIA, Héctor Méndez, ayer al llegar al Ministerio de Trabajo.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, les aseguró a los dirigentes empresarios que la convocatoria al Consejo del Empleo, la Producción y el Salario Mínimo, Vital y Móvil no terminará en un «decretazo», y agregó que «el gobierno cree que el ámbito para discutir los convenios son las paritarias».

Las palabras del titular de la cartera laboral tranquilizaron a sus interlocutores: Héctor Méndez, Luis Betnaza, Adrián Kaurmann Brea y Horacio Martínez (por la Unión Industrial), Jorge Alvarez (por la Unión de Empresas de Servicios), Carlos de la Vega (por la Cámara de Comercio) y Gregorio Chodos (por los constructores).

Es que el principal temor de los empresarios al encarar esta negociación es que el gobierno sea por convicción, por presiones de la CGT, por tratarse de un año electoral o por una combinación de estas tres variables se vea tentado de volver a dar aumentos por decreto. Esto, aparentemente, no sucederá.

Después de un encuentro en el despacho de Tomada que insumió menos de una hora y media, se convino que hoy se reunirá la Comisión del Salario Mínimo -una de las seis que conforman el Consejo- para hacer mañana la reunión plenaria del organismo. Allí se anunciaría la incorporación de los $ 100 no remunerativos más los $ 50 remunerativos (otorgados en abril) al salario mínimo, y que esa incorporación se hará por etapas.

La primera «cuota» de esta incorporación se hará con los sueldos de mayo, y corresponderá a los $ 50 remunerativos que aún no están en el básico. Los restantes $ 100 se agregarían en dos cuotas, muy posiblemente en julio y en setiembre. De todos modos, estos detalles se discutirían entre hoy y mañana, pero los empresarios salieron del edificio de Leandro N. Alem con la impresión de que el gobierno quiere avanzar rápidamente en esta cuestión. Cabe recordar que -para que los $ 150 no sufran quitas por descuentos de ley- el incremento real deberá ser de $ 180, lo que los empresarios aceptarán.

• Escalas

¿Cómo se hará para acercar la propuesta oficial al reclamo de la CGT, que aspiran a un mínimo mayor a $ 630? Los dirigentes empresariales propondrían la suba de las escalas para quienes perciben el salario familiar. Hoy cobran $ 60 por hijo en edad escolar los sueldos inferiores a $ 750, y $ 35 quienes reciben como máximo $ 1.850 por mes. La idea de la UIA y sus colegas de las otras entidades es llevar esos máximos a alrededor de $ 1.000 y $ 2.500 respectivamente, como para que sean pocos quienes queden excluidos de este beneficio.

¿Aceptará el gobierno este planteo? Habrá que hablar con Roberto Lavagna, dado que la suba de las asignaciones familiares deberá ser abonada íntegramente por el Estado. Esto va de la mano de la suba del mínimo no imponible de Ganancias, que le costará al Estado más de $ 1.000 millones (ver nota vinculada).

Los empresarios se sentaron con la premisa básica de no aceptar la incorporación de esos montos a los básicos de convenio, con el ya conocido argumento de que esto implicaría una «disparada» de todas las escalas convencionales. Sin embargo, cabe apuntar que en los últimos tiempos no son pocos los sindicatos que alcanzaron acuerdos con las respectivas cámaras patronales con básicos que superan largamente los $ 630 de que se habla por estos días. El caso más evidente y reciente es el de SMATA con varias automotrices, que alcanzaron un salario de bolsillo mínimo que ronda los $ 2.000. En el otro extremo están las privatizadas, atadas de pies y manos para dar aumentos por el congelamiento de las tarifas. Por esta causa siempre la UIA se resistió a formar parte del Consejo del Salario, dado que -aducían- la realidad de ese sector es muy diferente de la de los empresarios de servicios. Ahora que no queda otra opción que sentarse a la misma mesa con la CGT, intentarán unificar sus posiciones con el resto del espectro empresarial. Sobre todo porque entre ellos está la sensación de que la CGT dará una dura batalla para tratar de incorporar los montos no remunerativos a los básicos.

Los industriales aprovecharon el encuentro con Tomada para recordarle dos temas muy complicados que no estaban en los tópicos de ayer pero sí en lo que podría ser la agenda permanente de la UIA: la doble indemnización y la ley de accidentes de trabajo. El ministro -en relación al segundo de los temas- dijo «tomé nota» de algunas de las observaciones que hicieron al anteproyecto de ley de ART elaborado en Trabajo (no dijo cuáles). La doble indemnización, en cambio, fue un tema que el ministro ni siquiera rozó.