Los contratos para el alquiler de locales con destino a comercios de comida rápida, cafetería, venta de empanadas o pizza se extienden, en un alto porcentaje, por períodos de cinco años. De este modo, los locatarios se aseguran por un tiempo prolongado la ubicación elegida y, durante ese lapso, recuperan el capital invertido.
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Sin embargo, no son pocos los inquilinos que rescinden el contrato a los seis meses o al año de haberse instalado. En el primer caso, los locatarios deben pagar una indemnización equivalente a un mes y medio de alquiler, mientras que si la interrupción del contrato se realiza al año de haberlo firmado, deben pagar sólo un mes de alquiler a cambio. Entre tanto, pese a la implementación de medidas tendientes a garantizar el pago del contrato, los morosos continúan afectando la percepción de la renta por parte de los propietarios.
En este marco, los operadores recurren cada vez con más frecuencia a la firma de una póliza de caución, un «documento que surge como respuesta a la gran cantidad de garantías compradas y permite que una compañía de seguros responda por la deuda», explicó el corredor inmobiliario Manuel Calo.
Sin embargo, esta medida no resultó tan efectiva como se esperaba, ya que «la compañía aseguradora primero trata de convencer al locatario de que pague lo adeudado evitando hacerse cargo del problema de manera inmediata», sostuvo a su turno Eugenio Maschwitz.
Del mismo modo, tampoco resulta eficaz la garantía respaldada por un inmueble: «Hay muchos casos en los que, frente a la necesidad de recurrir a la garantía, el propietario descubre que el inmueble ya fue vendido», señaló Federico Sturla, de la inmobiliaria Bullrich. Por ello, los operadores coincidieron en señalar que «si bien es recomendable implementar una batería de medidas, el aval bancario continúa siendo una de las garantías más seguras».
