Fracasó ayer para el oficialismo, y por segundo día consecutivo, la intención de aprobar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados el polémico proyecto de ley que le permite al gobierno fijar con libertad un nuevo impuesto a las empresas para financiar obras públicas de infraestructura. Diputados opositores (incluyendo a varios duhaldistas y radicales) les reclamaron precisiones concretas a los legisladores que defendían el proyecto, con lo cual la comisión no pudo avalar la iniciativa, que ahora será discutida nuevamente el próximo miércoles. De todas maneras, el oficialismo asegura que para ese día contará con los votos necesarios para que la comisión apruebe el dictamen y que la iniciativa pase al recinto de Diputados.
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La admisión del secretario de Energía, Daniel Cameron (que el martes había concurrido al Congreso y aseguró que inevitablemente la medida traería aparejados incrementos en las tarifas de electricidad y gas), hizo que otros legisladores reclamaran más datos antes de avanzar en su aprobación. El proyecto le permite al Ejecutivo la aplicación de un nuevo impuesto a las empresas consumidoras de energía, con libertad para disponer de la alícuota y la tasa del nuevo tributo. En teoría, con el dinero que se les extraiga a los privados, se engrosarán los fondos fiduciarios que reglamentó el gobierno al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner y que estarían destinados a obras públicas para aumentar la oferta de electricidad y gas. Sin embargo, en el proyecto no figura ni la alícuota que se quiere aplicar ni las obras que tiene en mente el Ejecutivo, dos capítulos que ahora los legisladores opositores quieren conocer y que buscan que se incluyan en el proyecto.
El otro cuestionamiento que se le hace es su legalidad. Sucede que, por la Constitución, sólo el Poder Legislativo tiene la facultad de crear un impuesto y determinar el sector al que será aplicado y la alícuota que se cobrará. Como en la norma que busca el oficialismo esta facultad queda para el Ejecutivo, se teme que algún nuevo contribuyente recurra a la Justicia reclamando su inconstitucionalidad.
La defensa que hizo el oficialismo es que no se trata de un impuesto, sino de una «contribución especial» para un fondo específico; en este caso, la obra pública.
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