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Esta operación debería implementarse mensualmente a partir de diferentes licitaciones periódicas en las que ese ministerio debería laudar y tomar la mayor oferta; sin embargo, nunca se reglamentó este mecanismo, que debería haber comenzado a funcionar hace dos meses y que a fines de diciembre debería tener tres meses de vigencia. Por este motivo, los contribuyentes que absorbieron los CCF (y antes los bonos defaulteados) para cancelar deudas impositivas retienen los títulos sin poder efectuar la operación, con la consiguiente pérdida de activos en sus balances.
Para peor, y según les advierten muchos estudios contables a sus empresas, el 4 de diciembre venció la prórroga de no utilización; sin embargo, los tenedores de deuda y de los CCF se ven impedidos de su aplicación a impuestos, porque la Caja de Valores se niega a emitirlos a favor del fisco hasta tanto no se termine de reglamentar el mecanismo de la operación y haya una cuenta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para poder hacer los depósitos de los bonos licitados.
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