El gobierno avanzó ayer en las tratativas con las empresas que invertirán u$s 285 millones para ampliar el gasoducto del Sur, también llamado General San Martín. Sin embargo, sigue faltando que el Ejecutivo envíe al Parlamento el proyecto de ley que garantice el repago de la inversión que encarará RepsolYPF para ampliar el gasoducto del norte, por lo cual las obras seguirán sin comenzar. Se estima que ambos emprendimientos podrían estar funcionando en el próximo invierno si se empieza a construir a toda máquina en enero.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Ayer se firmó un acuerdo entre el gobierno nacional, Petrobras, Nación Fideicomiso, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) y Transportadora de Gas del Sur. Por ese convenio se cumple con el acuerdo vigente entre la Argentina y Brasil, según el cual el Banco Central es garante (de la devolución del préstamo que otorgará el BNDES) ante el Banco Central de Brasil.
El convenio es un paso formal previsto en los protocolos con Brasil, por lo cual no habría una situación similar con Repsol YPF para la ampliación en Transportadora de Gas del Norte. La petrolera española, en cambio, sigue reclamando por una ley que le asegure el repago de la obra y resguarde los ingresos que se generen de eventuales juicios de accionistas de la transportadora o de las asociaciones de consumidores.
El acuerdo firmado contempla la necesidad de una ley. También define a TGS como gerenciador del proyecto, a cuyo cargo quedará la operación y el mantenimiento de las nuevas instalaciones. (TGS es una empresa privatizada cuyo capital de control se reparte en cantidades iguales entre Petrobras Energía -ex Pérez Companc-y la quebrada Enron.)
De los u$s 285 millones que requerirá el proyecto, TGS aportará 33 millones más IVA mediante efectivo y el remanente de bienes que ya se encuentran incorporados en su patrimonio. El BNDES aportará u$s 142 millones, 30 millones provendrán de los productores de gas que operan en la Patagonia (entre ellos Pan American Energy y Total), 20 millones del Banco Nación y 40 millones de beneficios fiscales (según este cálculo, todavía faltan otros 50 millones sobre el total de inversión anunciada). Petrobras, por su parte, gestionará el crédito del BNDES y asegurará la disponibilidad de fondos en el corto plazo (antes que el préstamo esté operativo) para el comienzo de la obra.
Según dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido, con las obras en los gasoductos de TGS y TGN «estamos garantizando un escenario de previsibilidad en la ecuación energética argentina» para «los próximos 5 o 6 años». Agregó que «la ampliación de gasoductos y, con ello, la mejora de la oferta de gas en la Argentina es una política de Estado».
La obra que permitirá incorporar 2,9 millones de metros cúbicos más de gas no implicará aumentos de tarifas, según De Vido. El ministro afirmó que habrá «un cargo para la construcción de la obra», que será «afrontado por sectores industriales y de mayores recursos». En tanto, el director ejecutivo de Petrobras, Alberto Guimaraes, sostuvo que el acuerdo «demuestra una profunda buena voluntad para llegar a una solución absolutamente benéfica y necesaria para la Argentina». Además de De Vido, participaron en la ceremonia el ministro de Economía, Roberto Lavagna, el secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, y el embajador de Brasil, Mauro Viera.
