La eliminación del Fondo de Incentivo Docente amenaza con postergar el inicio de clases. Pero, en cambio, nadie pregunta si las provincias han cumplido con lo que se estableció en la ley que autorizó este fondo. La economista del IERAL, de la Fundación Mediterránea, Anahí de Tappatá, analiza en la siguiente nota los compromisos que no se han respetado.
Las condiciones que deben cumplir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 12) son:
a)
c) desarrollar un programa de mejoramiento de la administración del sistema educativo de cada jurisdicción que optimice la gestión de los recursos». Quienes reciban el aumento de salario serán «...exclusivamente los agentes que cumplan efectivamente función docente» (art. 13).
También explicita que deberán establecerse los criterios básicos para un nuevo régimen laboral docente y que ello deberá ser armonizado por todas las jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación (art. 14).
Para liquidar el incentivo a los docentes, las provincias deben enviar los listados con la cantidad de personas al Ministerio de Cultura y Educación y éste remesa los fondos. De manera que se da por supuesto que esos listados se confeccionan cumpliendo con el art. 13.
La verificación del cumplimiento de la ley queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura y Educación y de una Comisión Bicameral del Congreso de la Nación (art. 18).
La situación hoy El Fondo de Incentivo Docente totaliza alrededor de $ 700 millones anuales. No es un esfuerzo fiscal menor para las arcas del gobierno nacional.
La ley originaria ha sido reformada más de una vez en forma parcial. En algunos casos se extendieron los plazos. Pero a casi 3 años de su sanción, las demoras y los incumplimientos son significativos.
Los programas de mejoramiento de las administraciones buscando modelos más eficaces están en desarrollo de forma independiente de la ley. Algunas provincias muestran avances significativos y otras muy bajos.
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