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En igual plazo, podrían resolverse las primeras subas para el transporte y distribución de gas y de electricidad, aunque antes el gobierno debería solucionar el debate sobre cómo aplicar la tarifa social, es decir cómo definir a los usuarios que, por sus condiciones económicas, no soportarán suba en el precio de los servicios.
En este punto, hay muchas críticas a determinar la tarifa social según el nivel de consumo, ya que daría lugar a inequidades. Una lujosa casa de fin de semana que se use poco podría tener tarifa social, mientras un hogar de escasos recursos, sin acceso al gas natural, sufriría un aumento en la tarifa eléctrica, sobre todo porque utiliza luz para calefacción en el invierno.
Por otra parte, al ir abriendo los pasivos que tienen las empresas, los funcionarios oficiales destacan algunas situaciones que «no se tolerarían». Se afirma, por ejemplo, que Transener tiene en el pasivo lo que gastó para comprar Transba, la empresa de transporte eléctrico de Buenos Aires, y que Aguas Argentinas tiene una deuda de 850 millones de dólares, pero que de esa suma destinó una inversión de 400 millones para el mejoramiento del sistema comercial, lo que resulta « inaceptable» para la óptica oficial.
En principio, el gobierno, a través de la cartera que conduce Julio De Vido, autorizaría también para el primer mes del año un aumento en el precio de la energía mayorista, para mejorar los ingresos de las empresas generadoras. Sin embargo, esperaría hasta el invierno para un aumento del precio de gas en boca de pozo que perciben las petroleras, con el criterio de que en el período estival esas empresas se benefician con mayores saldos exportables que cobran en dólares, y recién en el invierno sube el consumo interno.
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