El Congreso trataría esta semana el proyecto de modificación de la Ley de Defensa del Consumidor que otorga entre otras facultades al secretario de Coordinación Técnica, Guillermo Moreno, la aplicación de multas a compañías de hasta $ 5 millones. El texto ya sufrió dos observaciones que no sólo cuestionan el aumento de poder del funcionario sino que consideran al proyecto « antiempresa». Sin embargo, por estar impulsado por legisladores kirchneristas y basado en un escrito anterior del Poder Ejecutivo, se estima que la polémica norma se aprobaría sin modificaciones.
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El proyecto presentado por Stella Maris Córdoba ya está en término, es decir que pasaron 7 días hábiles desde que tuvo dictamen en comisión, y los diputados que lo impulsan intentarán tratarlo esta semana. A pesar de que en algunos aspectos los cambios podrían beneficiar a los usuarios, los diputados Federico Pinedo y Jorge Vanossi, ambos del PRO, ya realizaron observaciones porque consideran que el texto fue elaborado sin tener en cuenta el impacto empresario que podría tener.
Entre los puntos más salientes y cuestionados, las modificaciones que se introducirán en la ley vigente permitirán que la Secretaría de Coordinación Técnica -cuyo titular es justamente el encargado de ejercer la presión oficial por los precios- actúe de oficio en «la vigilancia, contralor y juzgamiento» de infracciones vinculadas con la defensa de los consumidores. Y señala que esa dependencia tendrá la facultad de dar curso a denuncias de usuarios, disponer inspecciones y peritajes vinculados con la aplicación de la ley, disponer de oficio audiencias entre presuntos damnificados e infractores, y «tendrá las más amplias atribuciones para disponer medidas técnicas,admitir, ordenar y producirpruebas y dictar medidas de no innovar».
Sobre este punto, Pinedo explicó que el proyecto no sólo presenta confusión sobre cuál será la autoridad de aplicación (ya que en irregularidades en la que se perjudican consumidores intervienen tribunales locales y ahora se superpone la Nación a las provincias), sino que además « resulta claro que la Secretaría de Coordinación Técnica carecede los requisitos suficientes para ser considerada válidamente un tribunal administrativo conforme la jurisprudencia».
Además, el diputado aseguróque «parece excesivamenteelevado el monto de la multa máxima ($ 5 millones) e improcedente en algunos casos. Por ejemplo, que la pérdida de una concesión sea dispuesta por el secretario mencionado cuando existen marcos regulatorios sectoriales y contratos firmados que establecen procedimientos y autoridades específicas para la caducidad de una concesión o licencia de servicios públicos».
Reincidencia
Por otro lado, la norma duplica las multas en caso de reincidencia y, según los legisladores que se oponen a esta reforma, en el caso de las compañías de consumo masivo, por el volumen de venta y las características de su mercado podrían ser reincidentes siempre (porque además no está fijado con claridad el plazo de prescripción).
En relación con esto, se cuestiona también un punto clave de la ley que tiene que ver con el concepto de consumidor. A partir de las modificaciones se expande esa definición (ya no son sólo los usuarios finales sino también empresas que adquieren insumos para la producción) por lo que una compañía podría iniciar un juicio de consumo en un tribunal de ese tipo contra un proveedor, disputa que hasta ahora se regía según normas de comercio.
Además, el proyecto contiene plazos sumamente breves para la defensa del imputado (generalmente empresas o profesionales independientes), como por ejemplo el deber de contestar dentro de 5 días hábiles. Y se advierte sobre la posibilidad de abrir un nuevo capítulo en la industria de juicio si no se establecen aranceles u otro tipo de límites independiente del monto del juicio para desalentar prácticas extorsivas, que intenten obtener honorarios de los demandados.
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