Sumarían dos acuerdos más con privatizadas
A la búsqueda de un rápido entendimiento con el Fondo Monetario, desde el gobierno se avanza en las negociaciones con privatizadas. Ya logró dos acuerdos, uno con Edelap, la distribuidora eléctrica de La Plata, y ahora se sumó el de Edesur (en realidad, son más si se suman pequeñas concesiones). Lo nuevo es que apuran ahora la negociación con Aguas Argentinas y Gas Natural BAN. Está claro que son avances, pero subsisten muchas dudas. Por ejemplo, con Edelap se logró algo inimaginado a priori, como la veloz aprobación del Congreso. Pero nunca se firmó lo más fácil, el decreto presidencial que lo pone en marcha. Desde el Palacio de Hacienda aseguran que lo hecho alcanza para un acuerdo con el FMI antes de las elecciones de octubre. El próximo lunes, cuando se reúna el directorio del organismo y trate el caso argentino, se verá.
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Julio De Vido
• Fondo fiduciario
Las diferencias entre la empresa y el gobierno pasarían particularmente por el manejo de la inversión. Desde la óptica oficial, todo aumento de tarifas en esta concesión que se acuerde debe destinarse a un fondo fiduciario, tal como sucede actualmente con el ajuste autorizado por el gobierno de Fernando de la Rúa, en enero de 2001. En este caso, es el ente regulador (Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, ETOSS) el que decide el destino de los recursos recaudados.Según algunos trascendidos, el gobierno querría en el futuro definir incluso las obras de renovación y rehabilitación de las redes, es decir no sólo las expansiones.
De acuerdo con lo que se sabe, la unidad de renegociación de contratos formuló una propuesta a la que sucedió una contrapropuesta de Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez. Ahora, habría una especie de última oferta que se estuvo conversando con los directivos de la empresa, pero que aún no estaría escrita.
Aguas Argentinas habría requerido un ajuste de tarifas en forma escalonada hasta sumar 40%, pero ya existe la certeza de que este año el gobierno no aprobará aumentos, y recién los empezaría a discutir después de las elecciones de octubre.
Quedan dos impresiones. En primer lugar, el gobierno está dirigiendo a las privatizadas una propuesta afirmando que es la «última». Dicho de otra forma, las empresas se verían obligadas a aceptar lo que el gobierno les ofrece o se quedarían sin nada y se arriesgarían a enfrentar un duro conflicto en el futuro.
En segundo lugar, la necesidad de mantener una buena relación con José Luis Rodríguez Zapatero y la actitud protagónica del embajador español Carmelo Angulo en nuestro país vienen siendo decisivas para llegar a un acuerdo con las privatizadas controladas por capitales hispanos. No sería igual la situación con otros países.
Por último, es evidente que el apuro de las últimas semanas por cerrar acuerdos con las privatizadas responde a la estrategia de sumar puntos a favor para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, y también a evitar más fallos adversos del CIADI, luego del conocido en mayo a favor de CMS, que obligó al Estado a pagar u$s 133 millones.



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