13 de junio 2005 - 00:00

Sumarían dos acuerdos más con privatizadas

A la búsqueda de un rápido entendimiento con el Fondo Monetario, desde el gobierno se avanza en las negociaciones con privatizadas. Ya logró dos acuerdos, uno con Edelap, la distribuidora eléctrica de La Plata, y ahora se sumó el de Edesur (en realidad, son más si se suman pequeñas concesiones). Lo nuevo es que apuran ahora la negociación con Aguas Argentinas y Gas Natural BAN. Está claro que son avances, pero subsisten muchas dudas. Por ejemplo, con Edelap se logró algo inimaginado a priori, como la veloz aprobación del Congreso. Pero nunca se firmó lo más fácil, el decreto presidencial que lo pone en marcha. Desde el Palacio de Hacienda aseguran que lo hecho alcanza para un acuerdo con el FMI antes de las elecciones de octubre. El próximo lunes, cuando se reúna el directorio del organismo y trate el caso argentino, se verá.

Julio De Vido
Julio De Vido
El gobierno se propone destrabar en las próximas semanas los acuerdos con Gas Natural BAN y Aguas Argentinas, luego de que se formalice el acta de entendimiento con Edesur, controlada por la española Endesa. Según fuentes oficiales, la firma del convenio con la distribuidora eléctrica se concretará antes de este viernes.

El acuerdo con Edesur incluye una suba en la tarifa promedio de la empresa de 15%, excluyendo a hogares y pequeñas demandas. Esto significa una suba de alrededor de 23% para la industria y comercios. Por otra parte, Endesa, accionista mayoritaria y operadora, se compromete a suspender ahora las acciones en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, contra el Estado nacional. También declara que renunciará definitivamente al litigio cuando se haya firmado y publicado el decreto con la revisión tarifaria integral, lo que ocurrirá el año próximo.

Con Gas Natural BAN, en tanto, al gobierno se le plantea un problema de difícil solución. La empresa controlante, la española Gas Natural, anunció su decisión de renunciar al CIADI, pero no acepta la propuesta oficial que la obliga a hacerse cargo de los costos y la eventual indemnización por el juicio iniciado ante ese tribunal por un accionista minoritario, la norteamericana LG&E.

Gas Natural BAN estaría dispuesta incluso a renunciar a su requerimiento de suba de tarifas para los usuarios residenciales de más altos consumos. La empresa formuló este reclamo por la fuerte incidencia de hogares en el total de sus ingresos y por los domicilios con alta capacidad de pago que tiene en su área de concesión (zona norte del conurbano bonaerense). Pero no admitirá afrontar el costo de un fallo a favor de LG&E.

Por su parte, Aguas Argentinas depositará hoy alrededor de 3 millones de pesos para el fondo fiduciario destinado a obras de la concesión. La empresa no firmó el convenio para el fondo de este año debido a la falta de un acuerdo con el gobierno, pero viene pagando igualmente mes a mes. Voceros de la compañía explicaron que «prevalece la voluntad de no entorpecer la negociación y la confianza de que habrá una solución en el corto plazo».

El ministro de Planificación, Julio De Vido, consideró este fin de semana que la decisión de depositar los recursos del fondo fiduciario es «una reacción muy positiva», pero aseguró que «la negociación no es tan simple como las que se plantean en las distribuidoras de gas y energía».

• Fondo fiduciario

Las diferencias entre la empresa y el gobierno pasarían particularmente por el manejo de la inversión. Desde la óptica oficial, todo aumento de tarifas en esta concesión que se acuerde debe destinarse a un fondo fiduciario, tal como sucede actualmente con el ajuste autorizado por el gobierno de Fernando de la Rúa, en enero de 2001. En este caso, es el ente regulador (Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, ETOSS) el que decide el destino de los recursos recaudados.Según algunos trascendidos, el gobierno querría en el futuro definir incluso las obras de renovación y rehabilitación de las redes, es decir no sólo las expansiones.

De acuerdo con lo que se sabe, la unidad de renegociación de contratos formuló una propuesta a la que sucedió una contrapropuesta de Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez.
Ahora, habría una especie de última oferta que se estuvo conversando con los directivos de la empresa, pero que aún no estaría escrita.

Aguas Argentinas habría requerido un ajuste de tarifas en forma escalonada hasta sumar 40%, pero ya existe la certeza de que este año el gobierno no aprobará aumentos, y recién los empezaría a discutir después de las elecciones de octubre.

Quedan dos impresiones. En primer lugar, el gobierno está dirigiendo a las privatizadas una propuesta afirmando que es la «última». Dicho de otra forma, las empresas se verían obligadas a aceptar lo que el gobierno les ofrece o se quedarían sin nada y se arriesgarían a enfrentar un duro conflicto en el futuro.

En segundo lugar, la necesidad de mantener una buena relación con
José Luis Rodríguez Zapatero y la actitud protagónica del embajador español Carmelo Angulo en nuestro país vienen siendo decisivas para llegar a un acuerdo con las privatizadas controladas por capitales hispanos. No sería igual la situación con otros países.

Por último, es evidente que el apuro de las últimas semanas por cerrar acuerdos con las privatizadas responde a la estrategia de sumar puntos a favor para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, y también a evitar más fallos adversos del CIADI, luego del conocido en mayo a favor de CMS, que obligó al Estado a pagar u$s 133 millones.

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