21 de julio 2008 - 00:00

Sutil confesión de un decreto

Carlos Zaninni
Carlos Zaninni
En otra pieza para la antología de los decretos desopilantes, Cristina de Kirchner firmó el viernes pasado la «limitación» de la Resolución 125 confesando que en el Estado se toman resoluciones con miedo e ignorando la votación del día anterior en el Senado. Apeló así a un decreto-relato con peligrosas derivaciones institucionales para justificar la marcha atrás con las retenciones móviles.

Imposible olvidar casos anteriores al decretodel viernes, como la novelesca descripción que hizo Carlos Zannini de una conversación entre el entonces fiscal Carlos Stornelli y Aníbal Fernández para justificar la salida de Fulvio Madaro del gobierno, envuelto en el escándalo del caso Skanska. Si entendemos que los considerandos de un decreto -así como también los debates que se registran en las versiones taquigráficas del Congreso- tienen a la hora de juzgar tanta fuerza legal como la parte resolutiva, el Decreto 1.176 se vuelve un peligroso antecedente constitucional. No juegan en esto las faltas de ortografía o los errores al incluir términos del inglés, en las que quizás se cayó por el apuro de terminar con el conflicto el mismo viernes. Pero sí definiciones graves como desconocer un pronunciamiento del Congreso. 

En materia constitucional es imposible argumentar, como lo hizo el gobierno, que si una de las cámaras vota a favor de un proyecto y la otra en contra el trámite legislativo haya quedado «inconcluso» o el «Congreso sin manifestación», como argumenta el decreto.

Increíble que Cristina de Kirchner lo haya firmado, sabiendo de su experiencia en materia constitucional como senadora, a no ser porque la Presidente confió en su secretario Legal y Técnico y se abocó a estudiar sólo los dos artículos resolutivos.

Es innegable que el kirchnerismo quiso dejar en claro que desconoce el trámite que llevó adelante el Congreso, con un mensaje político que nada tiene que ver con la realidad técnica que marca la Constitución para la sanción de las leyes y que para eso utilizó nada menos que un decreto presidencial.

Existe sobrada jurisprudencia sobre cómo habla el Congreso y tanto ésta como la Constitución establecen que para la sanción de una ley hace falta el pronunciamiento de ambas cámaras. Si una no lo hace o rechaza el proyecto éste queda invalidado por todo el año legislativo. Esto es así en la Argentina y en cualquier país que sostenga un sistema republicano, representativo y federal con división de poderes.

Quizás pueda culparse a la prensa de no entender esta cuestión por haberse acunado desde hace décadas una frase que siempre llevó a confusión: la votación de una de las cámaras suele ser explicada como una «media sanción», lo que es absolutamente inexacto.

Sanción es una sola y existe cuando votan Diputados y el Senado. Cualquier otra variante implica que el proyecto queda en el camino.

Al decir que el Congreso no completó el trámite porque el Senado negó la ratificación de la Resolución 125, el gobierno está negando la voluntad de los 36 senadores que votaron a favor y de los 36 que votaron en contra. Es la peor manera imaginable de desconocer a uno de los poderes del Estado. Que Julio Cobos haya desempatado podrá ser un dato político de relevancia, pero en la práctica fue sólo la aplicación del procedimiento que fija la Constitución para estos casos.

Tanto fue así que Cobos apelóal artículo 213 del Reglamento del Senado -hasta ahora en desuso-al pedir el famoso cuarto intermedio para negociar que los bloques le negaron. Ni se le ocurrió utilizarlo a Juan Carlos Maqueda cuando debió desempatar la votación de la derogación de la Ley de Subversión Económica. El ahora juez de la Corte Suprema procedió a votar sin consideraciones preocupado porque Eduardo Duhalde podía renunciar si no se le aprobaba esa norma que exigía el FMI por entonces.

Tan peligrosas como ese punto son las agresiones que se denuncian como condicionantes de la votación en el Senado. ¿A qué presiones se refiere allí el gobierno? En primer lugar es impensable en cualquier presidente de una nación civilizada reconozca que una decisión de cualquiera de los tres poderes del Estado haya sido tomada bajo presión,
coacción o por la fuerza sin efectuar una denuncia ante la Justicia Federal
.

En el decreto que firmó Cristina de Kirchner el viernes se reconoce que los legisladores sufrieron «presiones y agresiones de todo tipo», inclusive sobre sus familias, que violentaron su poder de decisión. Alude el gobierno con esto, quizás, a escraches del agro como el que sufrió

Agustín Rossi en su casa de Santa Fe, pero no parece que hubieran condicionado el voto del presidente del bloque kirchnerista de Diputados.

Por si faltara abundar en el concepto, los considerandos del decreto terminan razonando que en si esas agresiones limitan la voluntad de los legisladores «estará» condicionada «nuestra democracia» y la calidad de las instituciones.

Acostumbrados como están los argentinos a discusiones políticas sin límites, una redacción de ese tipo podría pasar como una chicana más. El problema es que esta vez se trata de un decreto presidencial y no un discurso de Néstor Kirchner en la Plaza del Congreso. Ni siquiera podría pasar sin cuestionamientos si lo hubiera pronunciado Cristina de Kirchner públicamente.

De todas formas, si de presionesexteriores se trata, una recorrida por los pasillos del Senado la madrugada en que se votó el proyecto sobre retenciones móviles mostraba claramente la preocupación de los senadores sobre su seguridad al salir del Palacio después de la sesión frente a la manifestación de unos 3.000 militantes kirchneristas en la Plaza del Congreso, que finalmente terminó sólo con algunas botellas rotas contra el enrejado del edificio.

En realidad, el gobierno podría no haber fundamentado el decreto con que ordenó «limitar» la Resolución 125. Sólo con una descripción general de la decisión hubiera alcanzado en lugar de apelar a un relato político que lanza gravísimas acusaciones sobre violaciones institucionales y desconoce, al mismo tiempo, el pronunciamiento de uno de los poderes del Estado.
Impensable hasta el viernes, además, que fuera firmado por una presidente que lideró la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y que, se sabe, entiende como pocos en el Legislativo sobre esa materia.

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