E l Congreso avanzará hoy en la aprobación de otra polémica ley que le otorgará al gobierno, a través de la AFIP, mayores atribuciones para detectar y sancionar casos de evasión previsional, incluyendo la posibilidad de que la Justicia aplique hasta 6 años de prisión a los autores de ese delito.
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La intención de la bancada oficialista es emitir a la mañana dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y a la tarde incorporar este tema en la agenda de la sesión que se realizará desde las 16, dado que este proyecto tiene votada una preferencia a favor. La iniciativa también contempla la posibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias las remuneraciones del personal doméstico, con el objeto de terminar con el trabajo en negro de la mayoría las empleadas que cumplen sus tareas en casas de familia.
La sanción del proyecto es reclamada desde fines de año por Roberto Lavagna con el objetivo de disminuir la evasión, pero recién ahora el justicialismo pudo conciliar las diferencias que tenía sobre esta propuesta, objetada desde la oposición. Fundamentalmente, las críticas aparecieron cuando en el articulado se mencionó que el Ejecutivo tendrá la facultad de suponer o preestablecer un monto de evasión previsional para una empresa, y que ésta tendría que demostrar que la acusación es falsa.
Actualmente, la mecánica es exactamente al revés, ya que el gobierno debe determinar el monto evadido a través de pruebas concretas.
• Nuevas facultades
El proyecto impulsado por el Ejecutivo otorga nuevas facultades a la AFIP, que, sumadas a las que ya tiene el organismo recaudador, permiten establecer controles más severos a los pagos de la seguridad social, para disminuir la alta morosidad que existe en la actualidad. Además, se establecen penas de dos a seis años de prisión para los empleadores que descuenten los aportes y no realicen el depósito en un plazo de diez días hábiles desde su vencimiento, siempre que esta suma sea superior a $ 10.000. Idéntica pena tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no deposite total o parcialmente, dentro de los 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $ 15.000.
En el proyecto se fija que las empresas que contraten a cooperativas de trabajo formal serán responsables solidarios por el pago de los aportes de las contribuciones de la seguridad social.
Por otro lado, la iniciativa habilita a las personas (se encuentren o no en relación en dependencia) que contratan empleadas para tareas domésticas a poder deducir estas remuneraciones hasta un monto de $ 4.020 del Impuesto a las Ganancias.
