Tarifas: por ahora, gobierno mantiene el doble discurso

El ministro Roberto Lavagna reiteró la semana pasada a los titulares de los bloques justicialistas del Congreso que el gobierno enviará el proyecto de ley para que el Ejecutivo pueda fijar tarifas, de modo que esa norma legal, en caso de ser aprobada, evite que la Justicia frene los aumentos.

Durante el fin de semana trascendió que el proyecto de ley apuntará en particular a los dos precios que más preocupan al gobierno: el precio mayorista de la energía eléctrica y el del gas en boca de pozo. Sin embargo, ambos precios están desregulados, y las empresas generadoras y petroleras que producen respectivamente electricidad y gas no están incluidas en la ley de emergencia, y, por consiguiente, el Ejecutivo podría modificar esos valores sin necesidad de una nueva ley.

El proyecto impulsado por Lavagna parecía dirigido en particular a las empresas privatizadas con tarifas reguladas, porque son las que están comprendidas en la ley de emergencia, y ésta no permite aumentos de emergencia hasta que no se hayan revisado los contratos de concesión.

• Indefinición

A su vez, el ministro de Planificación, Julio De Vido, respaldado por el presidente Kirchner, dijo que no habrá aumentos de tarifas hasta que no se revise la situación de las empresas privatizadas.

De este modo, aun cuando el proyecto de ley sea firmado por Kirchner y aprobado por el Congreso, el gobierno tiene un doble discurso en este tema, como si todavía no tuviera definido si la nueva norma legal se usará o no para dar aumentos a cuenta de la renegociación, como había prometido Lavagna al Fondo Monetario.

Una definición segura es que los aumentos no serían antes de setiembre y que probablemente se difundan después de las elecciones en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Tras esos comicios, los ajustes que se autorizarían son los de la energía y el gas en yacimiento.

Por otra parte, para renegociar los contratos, el gobierno tiene que definir mediante un decreto la comisión renegocia-dora, la que según trascendidos oficiales, pasaría a reportar en forma conjunta a los ministros de Planificación y Economía.

Hoy esa comisión sigue funcionando bajo la dirección de Gustavo Simeonoff, pero tiene el plazo vencido y continúa bajo la órbita de Economía, cuando las Secretaría y entes reguladores relacionados con las privatizadas pasaron al área de Planificación.

• Rumores

Además, De Vido y el secretario de Energía, Daniel Camerón, serían partidarios de darles un mayor rol a los entes reguladores en las rene-gociaciones de los contratos. Esto también explica la indefinición sobre la comisión y los rumores de su reemplazo por un «superente», que no reemplazará a los entes existentes, pero actuaría como instancia superior para las renegociaciones y para el seguimiento de las nuevas condiciones contractuales.

Pero en realidad el gobierno todavía no definió estos aspectos, ni tampoco si partirá de los estudios ya hechos de la comisión renegociadora o empezará de nuevo. Asimismo, los dos sectores en los que hubo más avances son las privatizadas de gas y electricidad, pero parece difícil que se autoricen aumentos para transportistas y distribuidoras de esos productos, al mismo tiempo que para la materia prima.

Por último, como durante el gobierno de Eduardo Duhalde, siguen siendo muy fuertes las presiones empresariales para que el gobierno no se incline por un esquema de tarifas diferenciales, que implique mayores subas para industria y comercio, poco para hogares medios y tarifa social para residenciales de menor poder adquisitivo.