Tarifas: se complicó más la negociación

La conflictiva situación por las tarifas de los servicios públicos se complicó todavía más este fin de semana, tras un fallo judicial de primera instancia que prohíbe, por lo menos por el momento, cualquier decisión sobre el tema. La medida de la jueza Clara Do Pico se produjo en momentos en que el gobierno estudia una suba en la retribución de transportistas y distribuidores de gas y electricidad a partir del 1 de junio.

Según algunos trascendidos, el viceministro de Economía, Enrique Devoto, que proviene del Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE), cree que si no hay alguna recomposición de los márgenes de las empresas de gas y electricidad (probablemente también Aguas Argentinas), podría haber problemas con los servicios.

Devoto y otros funcionarios nacionales temerían que ante una situación límite que las obligue a reponer elementos o repuestos importados, las empresas privatizadas se declaren en «default operativo», mientras el Estado no tendría recursos para hacer frente a la emergencia.

Según trascendidos confiables, dentro del gobierno se considera que la situación se aliviaría si antes de la renegociación de contratos, prevista en la ley de emergencia económica, se autoriza un incremento de 10 a 12% en los márgenes de transportistas y distribuidores de gas y electricidad que permita pasar el invierno sin grandes sobresaltos.

•Impacto

Esto tendría un impacto de 4% en las tarifas, que debe sumarse en el caso de la electricidad al ajuste en el precio mayorista autorizado el 1 de este mes. Considerando las dos subas, las tarifas de electricidad de las empresas bajo jurisdicción nacional (Edenor, Edesur y Edelap), aumentarían alrededor de 15% desde junio.

En el caso del gas, el próximo viernes se realizará la audiencia pública para debatir el aumento en boca de pozo que perciben las empresas petroleras. Aun cuando habrá audiencia, el gobierno ya tiene decidido que sólo autorizará una suba de 11%, para que el precio del gas sea igual al del invierno pasado.

Este ajuste podría ser retroactivo al 1 de este mes, y significaría un aumento en las tarifas residencias de 3,5% y en las industriales de 5,5% en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Si a esto se le agrega en junio una recomposición de los márgenes de transportistas y distribuidores, la suba en tarifas de gas podría totalizar alrededor de 8% para usuarios domiciliarios de la región metropolitana.

Se afirma que dentro del gobierno, los que creen que el aumento en tarifas es necesario para no afectar la prestación de los servicios, están analizando apelar el fallo de la jueza Do Pico directamente ante la Corte Suprema, tal como lo permite el cambio en las normas de procedimiento.

•Audiencia

Sin embargo, no se descarta que haya también otros fallos adversos que compliquen la situación. El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, dijo que antes de decidirse un aumento de tarifas debe llamarse a audiencia pública, y podría llegar con ese planteo a la Justicia.

La jueza Do Pico dio lugar a un pedido del representante de los usuarios en la comisión renegociadora, Ariel Caplán, de Consumidores Libres. La jueza dictaminó que el gobierno no puede continuar con la renegociación hasta que le permita a Caplán acceder a la información suministrada por las empresas privatizadas a la comisión renegociadora.

Pero por ahora, esa comisión no volvió a constituirse, luego de que sus miembros presentaron la renuncia cuando asumió Roberto Lavagna, en lugar de Jorge Remes Lenicov. Sólo se nombró a Alberto Biagosh al frente de la comisión, mientras por ahora, además de ese funcionario, quienes están más en el tema son Devoto y el secretario legal de Economía, Eduardo Pérez.

Pero, por otra parte, otros funcionarios, aun dentro del Palacio de Hacienda, creen que es imprescindible congelar las tarifas por lo menos hasta agosto o setiembre, para que no impacten sobre el índice de precios y aceleren la inflación.