Audiencias públicas por los aumentos de la luz y el gas: el Gobierno defendió la segmentación de tarifas

La Secretaría de Energía encabezó una nueva audiencia pública, la tercera en la semana, esta vez para debatir la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios.

Mariano Fuchila

La Secretaría de Energía encabezó este jueves la tercera y última audiencia pública para debatir la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios del servicio de gas natural y de energía eléctrica.

El subsecretario de Planeamiento Estratégico, Santiago López Osornio, al presidir la audiencia pública, criticó el esquema vigente de subsidios a la energía por considerarlo "pro-rico", y al sostener que es "uniforme para todos los usuarios sin atender a su situación socioeconómica" por lo que "hay margen para mejorar la eficiencia distributiva".

"Hoy el Estado cubre más del 75% del costo del gas y electricidad que se incluye en la factura" y como no se realizan distingos por la capacidad socioeconómica, salvo la implementación de la tarifa social, "el 50% de (la población de) mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica", manifestó.

Asimismo, precisó que el decil de mayor nivel de ingresos destina el 0,9% y el 2,2% de sus ingresos al pago de los servicios de electricidad y gas, respectivamente, por lo que López Osornio propuso "retirar gradualmente los subsidios" a ese 10% de la población con mayor capacidad económica.

Para la individualización de esa franja de usuarios, la cartera energética planteó la evaluación de la asignación de subsidios basada en aspectos socioeconómicos como el consumo de energía, el nivel de ingresos y el patrimonio; o a variables geográficas-espaciales asociadas al valor de la propiedad y la urbanización.

Así, en el segmento de menor nivel de subsidios la definición se define por alguno de los criterios espaciales vinculados a estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago o estar en el registro de urbanizaciones cerradas.

En cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó la condición de tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo.

Como parte de las exposiciones, el director de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), Daniel Martini, explicó que el nuevo esquema implica modificaciones en los sistemas informáticas y de facturación de las compañías y aún sin conocerse detalles y sobre la base de experiencias similares, estimó "un plazo mínimo de 8 semanas y que tendrá un costo significativo".

Martini también reveló en la audiencia que en 2022 y por instrucción de Ente Nacional Regulador del Gas se enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que actualicen su datos de titularidad y la respuesta voluntaria fue de apenas un 2,5%.

Por su parte, el gerente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), Claudio Bulacio, propuso que "el precio mayorista sea único para todos los usuarios, y que debe subsidiarse únicamente a los usuarios en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica".

"Dada la gran diferencia actual entre el precio y el costo, este proceso debe ser gradual y previsible para los usuarios y para el sector", advirtió Bulacio al señalar que "con la reducción de subsidio a la energía, se debe reducir el "subsidio" del VAD que aporta la distribución".

Otros expositores plantearon una serie de dudas en torno de la propuesta de segmentación de tarifas de los servicios de gas natural y electricidad, por entender que no se cuenta con la información necesaria tanto de las condiciones socioeconómicas de los usuarios como de los costos que deben afrontar las empresas de generación, transporte y distribución.

María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, criticó el criterio de segmentación geográfica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al entender como "un error", ya que consolidaría una división entre "barrios de ricos y barrios de pobres".

Para Paula Soldis, del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), "eliminar masivamente los subsidios sin reparar en los costos de las empresas es una estafa al pueblo argentino".

Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo, objetó que "se pretenda instrumentar una segmentación con información insuficiente" y que "todo es una incógnita, con una única certeza, que es que todos recibirán facturas con incrementos".

Por el contrario, Carlos Saravia del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, consideró que "no existe justicia" en el actual esquema de subsidio generalizado porque hay usuarios que "tienen posibilidades de solvencia económica para asumirlo".

"En Salta ya experimentamos la segmentación, y terminamos compartiendo lo que quiere hacer Nación: segmentamos por condición socio económica. El 85% de los usuarios residenciales los cruzamos en padrones y logramos establecer que el 31% se corresponde con el 40% de la población en estado de vulnerabilidad que hoy pagan la mitad del aumento, congelamos tarifas y escalonamos. La solución representa una mejoría", indicó.

Jorge Pascualini, de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, subrayó que "los subsidios energéticos son una solución de corto plazo, pero pueden agravar el problema en el largo plazo", por lo que se pronunció en favor de una segmentación concentrada en la asistencia a los sectores vulnerables.

Según los documentos publicados por Energía previo a las audiencias, la evolución de las tarifas tiene un techo según el tipo de usuario, algo que quedó firmado en el acuerdo con el FMI. Para las personas con tarifa social, la variación tarifaria de 2022 corresponde al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) de 2021.

Los criterios para la eliminación de subsidios contemplan a aquellos hogares que están incluidos en las zonas definidas por el ENRE, barrios cerrados, familias con ingresos superiores a 3,5 canastas básicas, entre otros.