Moody's analizó el nuevo escenario eléctrico en la Argentina: más mercado, menos subsidios y los riesgos latentes

Las reformas del sistema eléctrico avanzan hacia precios más reales y menor intervención estatal. Sin embargo, persisten tensiones por tarifas, infraestructura y demanda.

El cambio no es menor. Se trata de una transición desde un esquema fuertemente intervenido hacia uno más cercano a las reglas de mercado, donde las señales de precios comienzan a recuperar protagonismo.

El cambio no es menor. Se trata de una transición desde un esquema fuertemente intervenido hacia uno más cercano a las reglas de mercado, donde las señales de precios comienzan a recuperar protagonismo.

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El sector eléctrico argentino atraviesa una transformación estructural que redefine su funcionamiento y, sobre todo, el riesgo financiero de las empresas que lo integran. De acuerdo con un informe de la consultora Moody's, las reformas impulsadas en el mercado mayorista de energía están modificando la lógica de precios, el rol del Estado y la distribución de responsabilidades dentro del sistema.

El cambio no es menor. Se trata de una transición desde un esquema fuertemente intervenido hacia uno más cercano a las reglas de mercado, donde las señales de precios comienzan a recuperar protagonismo. Sin embargo, el proceso avanza con tensiones: mientras mejora la sustentabilidad financiera del sistema, también crecen las presiones sobre tarifas, infraestructura y capacidad de respuesta ante la demanda.

Un cambio de modelo: del Estado al mercado

Uno de los ejes centrales de la reforma es la reducción del rol de CAMMESA como intermediario del sistema. Históricamente, esta entidad actuaba como comprador central de energía y amortiguador de riesgos, garantizando ingresos a las generadoras y absorbiendo volatilidad.

Ese esquema comienza a desarmarse. Según Moody’s, las nuevas reglas trasladan progresivamente el riesgo hacia las empresas, que deberán hacerse cargo tanto del abastecimiento de combustible como de la gestión comercial de su producción.

El objetivo es claro: introducir incentivos a la eficiencia, promover la competencia y mejorar la asignación de recursos. En este nuevo escenario, las compañías con mayor capacidad operativa y financiera tendrán ventaja, mientras que aquellas menos eficientes enfrentarán mayores desafíos.

Precios más reales, pero con límites

La reforma también busca restablecer señales de precios más cercanas a los costos reales de generación. En lugar de tarifas administradas, el sistema avanza hacia un esquema basado en costos marginales.

Sin embargo, este proceso es gradual. El informe señala que aún existen mecanismos de transición que limitan la formación plena de precios de mercado, lo que modera el impacto inmediato sobre los ingresos de las empresas.

Además, el peso de los contratos heredados sigue siendo relevante: cerca del 46% de la capacidad instalada continúa operando bajo acuerdos previos con CAMMESA, lo que amortigua la exposición al mercado.

Menos subsidios, más presión sobre tarifas

Otro punto clave es la reducción de subsidios energéticos. Este ajuste mejora la capacidad de las empresas para recuperar costos y fortalece sus flujos de caja, pero al mismo tiempo incrementa la carga sobre los usuarios.

Según Moody’s, en 2026 los consumidores residenciales pagan en promedio alrededor del 72% del costo real del servicio, frente al 46% registrado en 2023.

Aun así, las tarifas siguen siendo relativamente bajas en comparación con otros países de la región, lo que indica que el proceso de normalización no está completo.

El problema es político y social: el aumento sostenido de tarifas ya genera resistencia y podría limitar la continuidad de las reformas. La posibilidad de frenar subas o reintroducir subsidios aparece como un riesgo concreto para la estabilidad del nuevo esquema.

Un sistema al límite: demanda en alza e infraestructura rezagada

Más allá de las reformas regulatorias, el informe advierte que el sistema eléctrico argentino enfrenta restricciones físicas que condicionan su funcionamiento.

Las reservas de capacidad son muy ajustadas, con márgenes inferiores al 5%, mientras que la demanda alcanzó niveles récord en los últimos años.

Al mismo tiempo, la expansión de la oferta no acompaña ese crecimiento. La incorporación de nueva capacidad es limitada y la red de transmisión muestra cuellos de botella que impiden aprovechar plenamente las fuentes más eficientes, especialmente las renovables ubicadas lejos de los centros de consumo.

Este desbalance aumenta el riesgo de interrupciones o tensiones en el suministro, particularmente en picos de demanda.

Renovables y oportunidades, con restricciones

En este contexto, las energías renovables aparecen como uno de los sectores mejor posicionados dentro del nuevo esquema. Empresas con costos bajos y mayor eficiencia operativa podrían beneficiarse del avance hacia precios de mercado.

Sin embargo, las limitaciones de infraestructura y transmisión siguen siendo un obstáculo. La falta de líneas de alta tensión suficientes impide trasladar toda la energía generada desde zonas con abundantes recursos hacia los grandes centros urbanos.

Esto reduce el potencial de crecimiento inmediato del sector, pese a su competitividad.

Más riesgo, pero también más previsibilidad

El nuevo modelo introduce una paradoja. Por un lado, aumenta la exposición de las empresas a variables de mercado, lo que implica mayor volatilidad en ingresos y costos. Por otro, mejora la previsibilidad a largo plazo al reducir la dependencia de decisiones discrecionales del Estado.

Además, el hecho de que parte de los ingresos comience a estar vinculada al dólar representa una mejora en términos de cobertura frente a la depreciación del peso, un factor clave en la historia reciente del sector.

Una transición con equilibrio delicado

El diagnóstico de Moody’s es claro: la reforma del mercado eléctrico argentino avanza en la dirección de un sistema más eficiente y sostenible, pero su éxito dependerá de un equilibrio complejo.

Por un lado, será necesario sostener la reducción de subsidios sin generar un rechazo social que obligue a retroceder. Por otro, habrá que resolver los cuellos de botella en infraestructura para que las señales de precios se traduzcan en inversiones reales.

En ese marco, el Estado no desaparece, sino que redefine su rol. CAMMESA seguirá funcionando como respaldo del sistema durante la transición, garantizando el abastecimiento en un contexto todavía frágil.

La clave estará en la velocidad y consistencia de las reformas. Si logran consolidarse, el sector eléctrico podría ingresar en una nueva etapa de crecimiento y eficiencia. Si no, el riesgo es quedar atrapado en un esquema híbrido, con lo peor de ambos mundos: precios distorsionados y alta incertidumbre.

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