La dirigencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) recibió ayer a primera hora el nuevo proyecto de ley sobre accidentes de trabajo y ART, que elaboró un equipo de «juristas» por encargo del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El voluminoso tomo -de unos 400 folios- está fechado en junio (a diferencia de su antecesor, que tenía fecha de abril) y, a pesar de las promesas del titular de la cartera laboral, mantendría las aristas más cuestionadas por los empresarios y las administradoras de accidentes de trabajo.
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A pesar de lo farragoso del texto recibido ayer, algunos de los numerosos dirigentes que participaron de la reunión semanal de la Junta Directiva de la UIA hojearon el proyecto; los más avisados no tardaron demasiado en detectar que en él permanecen casi intactos la habilitación de la vía judicial para resolver disputas por indemnizaciones y la creación de comisiones igualitarias empleador/empleado, que en la práctica podrían resultar en un órgano de cogobierno de las empresas. De todos modos, la UIA evitará expedirse al menos hasta la semana que viene, cuando regresen de Suiza los expertos laborales de la entidad.
Estaría claro, sin embargo, que el esbozo de ley que ya le remitió Tomada al presidente Néstor Kirchner no recoge las objeciones que habían formulado por escrito tanto la UIA como la UART, que reúne a las ART.
El funcionario se había comprometido con los empresariosa mandarles una copia de la incitativa durante una cena celebrada el jueves último en Ginebra, y en la que participaron Tomada, su segunda Noemí Rial, Héctor Méndez (titular de la UIA), Daniel Funes de Rioja, abogado de la entidad fabril, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, entre otros.
En esa comida -de la que dio cuenta este diario el lunes-, los empresarios volvieron a plantearle las inquietudes que les provocaba el anteproyecto anterior, al que ya habían tenido acceso, y al que habían prácticamente diseccionado, rechazando sus puntos más urticantes. Uno de ellos es la creación de comisiones que compartirían patronos y obreros, y que tendrían la facultad de determinar cuestiones que iban desde la cantidad de horas de trabajo en la fábrica hasta los materiales que resultaban « seguros» para emplear en la producción; el otro es, sin dudas, la recreación de la industria del juicio, al habilitar la vía de la Justicia civil para todos los casos en que el accidentado considere insuficiente la indemnización otorgada por la ART.
En «off», la gente de la UART afirma que el costo para el sector y para las empresas de este renacer de la «patriapleitera» será de entre $ 800 y 1.200 millones al año. Y advierten en la UIA que esta posibilidad será el acta de defunción para pymes, muchas de las cuales no podrán cubrir con sus activos las compensaciones que fijará la Justicia laboral.
• Promesa
En aquella cena con fideos y vino italiano, Tomada no sólo prometió el envío del documento, sino también que éste incluiría en su redacción final las «sugerencias» realizadas por la UIA, la UART y también la CGT. «Se busca un proyecto consensuado», habría asegurado en esa velada helvética. También les habría adelantado que, aun cuando siguiera en la letra la cuestión de las comisiones obrero-patronales («los soviets», tal como las bautizó un empresario), ése era el tema más fácil de «bajar» de su iniciativa.
La incógnita es qué hará Kirchner con el proyecto de Tomada y sus abogados; la versión más firme que se recoge en las cercanías del Presidente es que no habría voluntad alguna de «agitar las aguas» en esta cuestión antes de que pasen las elecciones de octubre. Por eso, los industriales se niegan siquiera a comentar lo que está sucediendo en este frente. Sin embargo, uno de los más preocupados dijo a este diario: «Si la ley sale como está propuesta, no vamos a aceptarlo en silencio como en misa: además del obvio freno a las inversiones que representará, trataremos por todos los medios que el gobierno nos escuche».
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