En América Latina y el Caribe, hay empresas e individuos que obtienen ganancias anuales estimadas en u$s 12.000 millones. Esto surge a partir del trabajo forzoso de 1,8 millón de personas, de las cuales dos tercios son víctimas de la explotación laboral extrema. Así lo reveló un informe de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), difundido en Ginebra.
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El estudio señala que el trabajo forzoso en la economía privada involucra a casi 21 millones de personas en todo el mundo (55% en Asia-Pacífico) y genera beneficios ilegales de 150 mil millones de dólares, alrededor de tres veces más de la cifra estimada anteriormente.
En Latinoamérica y el Caribe el grueso de los beneficios, más de 80%, proviene de la explotación sexual comercial, frente a un promedio global de 66%. Los nuevos datos, declaró el director general de la OIT, Guy Ryder, muestran la "urgencia de erradicar cuanto antes esta esclavitud moderna, altamente rentable, pero nefasta para el desarrollo y fundamentalmente, para sus damnificados".
Las nuevas estimaciones indican que más de la mitad de las víctimas del trabajo forzoso son mujeres y niñas, principalmente en la explotación sexual comercial y el trabajo doméstico.
Los hombres y los niños, en tanto, padecen sobre todo la explotación económica en el agro, la construcción y la minería.
Las ganancias generadas en el mundo por la explotación forzosa con fines económicos suman 34.000 millones de dólares en la construcción, la industria, la minería y los servicios; 9 mil millones en la agricultura (incluyendo la silvicultura y la pesca); y 8 mil millones en los hogares privados, que no pagan o pagan menos de lo debido, a los trabajadores domésticos sometidos.
En América Latina y el Caribe, cada víctima del trabajo forzoso produce ganancias a los empleadores por 7.500 dólares anuales, más que en Asia-Pacífico y Africa (5 mil y 3.900, respectivamente). En la región, la mayor parte de esos beneficios ilegales del sector privado (unos mil millones de dólares) proviene del trabajo doméstico, donde se explota a 650 mil personas; la agricultura (360 mil); la construcción, la industria y la minería (190 mil).
El informe identifica las crisis de los ingresos y la pobreza como los principales factores económicos que empujan a los individuos hacia el trabajo forzoso, además de la falta de educación, el analfabetismo, el género y las migraciones.
Beate Andrees, directora del Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso de la OIT, instó a dirigir la atención sobre "los factores socieconómicos que hacen las personas vulnerables al trabajo forzoso en el sector privado". Para eso propuso reforzar los pisos de protección social, de modo que los hogares pobres no contraigan préstamos abusivos, en caso de una pérdida imprevista de los ingresos; e invertir en la educación y en la formación profesional, para incrementar las oportunidades de empleo.
Alentó además un enfoque de la migración basado en los derechos, a fin de prevenir el trabajo clandestino; y el apoyo a la organización de los trabajadores, incluso en los sectores e industrias vulnerables al trabajo forzoso.
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