Tribunal de Francia rechaza demanda de ahorristas argentinos contra Crédit Agricole

El Tribunal de Gran Instancia (TGI) de París desestimó hoy la demanda de 37 ahorristas argentinos contra el banco francés Crédit Agricole por el cierre de su filial Banco Bisel en Argentina durante el "corralito financiero".

La demanda ha sido desestimada debido a la decisión del tribunal de aplicar en este caso la ley argentina, que es menos favorable que la francesa en cuestiones financieras, explicó Julie Lado, quien defiende junto a Jean-Pierre Gastaud a los demandantes.

La ley argentina no obliga a una entidad bancaria a suscribir un aumento de capital ni a reforzar la aportación de fondos propios, al contrario que la francesa, señaló Lado.

Los ahorristas argentinos reprochaban a Crédit Agricole que no hubiese reforzado los fondos propios de su filial, como hicieron otros bancos europeos, ni hubiese tratado de establecer una liquidación negociada con sus clientes durante la crisis.

Lado y Gastaud están ahora a la espera de poder acceder a todos los fundamentos esgrimidos por el tribunal en su dictamen, del cual sólo han recibido un resumen, para evaluar la posibilidad de apelar el mismo, algo que contemplan, pues no están de acuerdo con que se haya aplicado la legislación argentina en este pleito.

Durante el juicio, celebrado el 10 de noviembre pasado, denunciaron que Crédit Agricole había efectuado una "intensa campaña de publicidad (en Argentina) basada en la seguridad que garantizaba a los clientes que depositasen su dinero en el Banco Bisel".

Pero, una vez que se desencadenó la crisis económica argentina, el banco francés "no respetó esa promesa de seguridad y, por tanto, faltó a la confianza de sus clientes", subrayaron en la audiencia presidida por el juez Christian Hours.

El objetivo era que la justicia francesa reconociese el principio de responsabilidad de Crédit Agricole sobre la retirada de Banco Bisel el 18 de mayo de 2002, con los perjuicios que eso supuso para los clientes que tenían cuentas.

Se trataba de un paso previo e imprescindible para poder pedir una indemnización para cada ahorrista.

La principal línea argumental de los recurrentes en esta acción por lo civil era que Crédit Agricole no sólo era el principal accionista de Bisel (tenía 70% del capital desde 1999), sino que se presentaba en el mercado argentino como el garante de su filial.

El logotipo de Crédit Agricole aparecía en los documentos comerciales del banco argentino, e incluso en octubre de 2001 -en un momento de incertidumbre sobre la solidez del sistema bancario del país- Bisel hacía publicidad de un plazo fijo en el que se destacaba el soporte y la garantía de su casa matriz.

Los problemas de Bisel, que en 1999 tenía un activo neto de 170 millones de dólares, no eran ninguna amenaza para un banco de la dimensión de Crédit Agricole, con 4.000 millones de activos netos, según los demandantes.

Según los datos aportados por éstos, en el momento en que extinguió su actividad en Argentina, trabajaban para la filial de Crédit Agricole 6.000 personas y tenía 200.000 cuentas.

La defensa del banco francés, que mantuvo que Crédit Agricole "no tenía obligación de garantizar (la solvencia) de la filial", señaló, por su parte, que los clientes no habían demostrado el prejuicio que dicen haber sufrido, pues no probaron que no pudieron retirar su dinero tras la marcha de la entidad bancaria gala.