Tsipras presiona a disidentes internos: "Traigan alternativas"
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Pese a la división política se espera que las reformas cuenten con el respaldo de la oposición. Pero Tsipras ha advertido que necesita al menos 120 votos de su propio partido -de los 149 que tiene en el Parlamento- para poder seguir gobernando. En la primera votación obtuvo el respaldo de 123 diputados de sus propias filas.
El ministro de Finanzas, Euklid Tsakalotos, se mostró optimista y cuenta con que el Parlamento aprobará esta segunda tanda de reformas. Según el ministro, debe alcanzarse un acuerdo con los acreedores como tarde hasta el 20 de agosto, afirmó Tsakalotos el miércoles ante el Parlamento de Atenas. Para esa fecha Grecia debe devolver 3.200 millones de euros al Banco Central Europeo (BCE).
Tras la votación de las primeras medidas, Tsipras señaló que se vería forzado a dirigir un gobierno en minoría hasta que se alcance un acuerdo con los acreedores, y se refirió a la rebelión como "una herida abierta durante una época crítica".
Según la prensa, Tsipras se en encuentra en una especie de "enfrentamiento" con el sector más izquierdista dentro de su partido.
Según el diario "Ta Nea", Tsipras podría convocar elecciones anticipadas en otoño (boreal) para que, tras una posible división de Syriza, los griegos decidan quién debe gobernar. El rotativo también contempla la celebración de un congreso extraordinario para solucionar las disputas dentro de la formación.
Los principales partidos de la oposición advirtieron a Tsipras en contra de celebrar nuevas elecciones, ya que consideran que podría tener consecuencias negativas para el país. Muchos conservadores, socialistas y políticos liberales piden que se cree una coalición de gobierno de varios partidos para afrontar la crisis.
El sindicato PAME, cercano a los comunistas, y el de funcionarios públicos ADEDY han convocado nuevas protestas en el centro de Atenas y en todo el país contra las reformas.
Esta segunda lista evitará los temas más controvertidos y se centrará en la adopción de un nuevo código de actuación civil destinado a hacer más eficiente el sistema judicial y de la Directiva Europea sobre Resolución Bancaria (BRRD), que pretende garantizar los depósitos hasta 100.000 euros, según el gobierno.




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