La Unidad de Información Financiera (UIF) suspendió por 180 días hábiles la vigencia de su resolución 39/2011, que imponía a las firmas y personas físicas exportadoras e importadoras la obligación de proporcionarle datos exhaustivos de sus compradores y proveedores. La información requerida es similar a la que se le pide a las entidades financieras para prevenir el blanqueo de fondos.
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Si bien la noticia fue adelantada por un alto funcionario del organismo antilavado a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se esperó la confirmación tras la reunión sostenida entra una delegación de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su presidente, Miguel A. Acevedo, y el presidente de la UIF, José Sbatella.
En el encuentro la UIA planteo su apoyo a las acciones que deban realizarse para evitar el encubrimiento y lavado de activos. Asimismo, describió las dificultades que desde la perspectiva industrial genera la norma tal cual está planteada.
Al respecto, Sbatella anticipó la suspensión por casi nueve meses de dicha norma, e invitó a la Unión Industrial a participar en la Comisión Interdisciplinaria que la UIF integrará para el análisis e intercambio de información sobre el impacto de la resolución y de las diversas situaciones que pueden afectar la actividad fabril.
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