El CIADI ya concentró más de 30 demandas contra la Argentina por sumas millonarias. Pero hasta ahora se trató siempre de empresas, que decidieron iniciar juicios contra el Estado por incumplimientos en los contratos. La mayoría de las que se presentaron son privatizadas, pero también hay otros casos, como el de la alemana Siemens, que debía actuar como proveedora estatal en el caso de los documentos de identidad. Es la primera vez que se presentan bonistas para ir al arbitraje. En el equipo económico son optimistas. Aseguran que la vocación de los inversores institucionales sería participar de la operación, al menos en porcentaje más que razonable. Las compras de bonos que realizaron en los últimos días sería, justamente, para entrar al canje y conseguir una diferencia rápida.
. A través del esta vía se busca un sistema diferente y más eficiente contra los pasos desarrollados por la Argentina.
. Hasta el momento, la posibilidad del GCAB para oponerse o frustrar el canje de deuda fue limitada. Los juzgados estadounidenses no tuvieron éxito en localizar y embargar activos argentinos.
. Tampoco existe seguridad de poder interceptar los futuros pagos a bonistas que realice la Argentina.
. La ley aprobada por la Argentina recientemente sobre el canje de la deuda (conocida como «cerrojo») muestra una clara tendencia a la expropiación.
. La ley argentina no puede estar por encima de las legislaciones que rigen sobre los títulos emitidos por el país en el exterior.
. La Argentina firmó un total de 29 tratados bilaterales en los que se incluyen reglas de juego para las inversiones en bonos, que deben ser tratadas como «inversiones», lo cual nunca fue respetado durante el proceso.
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