El Gobierno apura un proyecto en el Senado para cerrar demanda de fondos buitre por u$s171 millones

Le corresponde a dos fondos que mantenían judicializada deuda soberana argentina cuando el país ingresó en default en el 2001. Luis Caputo reunió aliados para blindar apoyo.

Un plenario de Presupuesto y Economía abordará un nuevo pago a los bonistas del 2001.

Senado

El pago de bonistas del 2001 es un episodio que aún no cerró. Luego de llegar a un acuerdo con dos fondos, que conservaban abierto un litigio contra el Estado nacional en una causa que le correspondía la jueza Loretta Preska, el Senado puede apurar el tratamiento de un acuerdo para cerrar la deuda que implicaría un desembolso de u$s171 millones para las firmas Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund LP.

La necesidad de garantizarse una rápida aprobación llevó a que el ministro de Economía, Luis Caputo, convoque a una reunión a senadores libertarios y a los referentes de los bloques aliados, con los que el oficialismo blinda una mayoría en la Cámara alta. El primer paso de la estrategia del Gobierno implica obtener dictamen este mismo miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Economía, que se postergó cuatro horas (iniciará a las 15) para que algunos legisladores libertarios puedan asistir a la defensa de gestión de Manuel Adorni en Diputados.

Uno de los senadores presentes en el encuentro con Caputo aseguró a este medio que el pago a los fondos buitre "fue el motivo de la reunión. Y necesitábamos saber de su boca cómo era ese pago". Se estima que la aprobación del proyecto ocurrirá en la primera quincena de mayo. Todos los consultados por Ámbito coincidieron en que fue un gesto positivo en el que se analizó la situación económica general. "Las obras claves que las provincias necesitan que se reactiven", representó el principal reclamo de los legisladores.

Aún con mayoría parlamentaria y apurando el tratamiento, el Gobierno no garantizaría tener la ley aprobada en la fecha límite que acordaron con la Justicia norteamericana, dispuesta para el 30 de abril. Se trataba de un objetivo poco verosímil, dado que el proyecto ingresó en el Senado el pasado 17 de abril. La incertidumbre emerge por el propio contenido del documento rubricado por Javier Milei -junto a Adorni y el ministro Mahiques-, que advierte que de no cumplir los plazos se abre la posibilidad de "retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas".

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con referentes de bloques aliados antes del debate.

Senado: cómo es el proyecto para pagar a los fondos buitre

Ambos bonistas mantenían judicializada deuda soberana argentina cuando el país ingresó en default en el 2001, aunque no ingresaron al acuerdo firmado por el gobierno de Mauricio Macri en el 2016. Uno de los casos es el de la firma financiera Bainbridge Ltd, cuya sentencia favorable en diciembre del 2020 lo habilitaba a recibir poco más de u$s96 millones. La compañía estadounidense inició un litigio para cobrarse la deuda a través de acciones del Estado nacional en el Banco Nación y en Aerolíneas Argentinas.

Por otro lado, se encontraba la firma Attestor Value Master Fund LP, un fondo de inversiones con sede en las Islas Caimán que contiene a siete demandantes acreedores. Cuentan con 16 sentencias favorables, entre julio del 2020 y agosto del 2024, por una suma en torno a los u$s266 millones. En su caso, pidieron la entrega de acciones nacionales de YPF. Tanto esta compañía como la Bainbrige Ltd. mantuvieron procesos de "discovery", que implica un rastreo de activos de la República Argentina susceptibles de ser embargados.

La propuesta argentina implicaría una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York. También los honorarios de abogados quedarán en responsabilidad de los acreedores, lo que dejaría una suma total de u$s67 millones para Bainbridge Ltd. y otros u$s104 millones para Attestor Value Master Fund LP. Según precisa el proyecto oficialista, el mecanismo de pago será de "Entrega contra pago", lo que concretaría una cancelación de los bonos en simultáneo al pago, en conjunto a una cláusula que impide a los acreedores iniciar nuevos litigios contra la Argentina.