El juez del Crimen Jorge Rimondi abrió ayer la investigación -al serle requerido fiscalmente-contra el grupo BAPRO y el directorio del Banco Provincia para averiguar si existió la presunta comisión de delitos por su aporte de $ 75 millones a la empresa de Internet Prima que pertenece al monopolio «Clarín». También ayer el abogado denunciante, Juan Carlos Iglesias, vinculado con la UCR, amplió esta acusación y pidió al juez que se investigue el presunto incumplimiento con las obligaciones previsionales para los jubilados del banco, la presunta relación con el asesor financiero Mariano Perel, cuya muerte en Cariló está caratulada -hasta hoy- de doble homicidio y el presunto incumplimiento con las disposiciones del Banco Central que exigió el saneamiento del Provincia. Iglesias le pide al juez que confirme si el gobernador Carlos Ruckauf avaló la transacción comercial por la cual una empresa del Estado bonaerense interviene en un negocio privado, auxiliándolo con $ 75 millones de fondos públicos aunque se justificó que para adquirir 18 por ciento de la sociedad al vender su parte en las empresas Nahuel Sat y Orígenes Vivienda. Además, agrega el informe del diputado radical provincial que cuestiona esa integración virtual en base a un interrogante: ¿qué beneficios directos podrían recibir de la operación los sectores productivos bonaerenses, como ocupación de mano de obra, inversiones, comercialización de productos o infraestructura? E insiste con otra preocupación: ¿el BAPRO tiene proyectado aumentar su capital en Prima?
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En relación a las vinculaciones de Perel con el Banco de la Provincia, le pide al juez que investigue los emprendimientos que tanto el fallecido contador como la entidad bancaria pensaban encarar en forma conjunta ya que un testigo de la empresa Anfactory reconoció la existencia de esta alianza comercial, pero no detalló los proyectos a evaluar. Iglesias cuestiona este tipo de asociación con una sociedad (Anfactory) que tenía una antigüedad de 6 meses, con balances negativos y cuyo capital pertenecía al Citicorp en 50%, que se tenga relación con una persona acusada de lavar dinero tanto por el Banco Provincia como el grupo de la banca offshore vinculadas con esa actividad y se compruebe si existió una reunión del directorio del BAPRO y del Provincia con los empresarios Luis Amaral, Julio Hardy, Saul Attie y Mariano Perel.
Otro requerimiento es que se establezca judicialmente si el directorio del Provincia incurrió en presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al haber (supuestamente) incumplido con las directivas del Banco Central para sanear a esa institución. «Según el BCRA --sostie-ne la denuncia-la piedra del escándalo fue el giro al gobierno bonaerense de la suma de $ 1.300.000, haciendo abstracción de los requisitos de liquidez exigidos al banco y la violación de los encajes mínimos.» El denunciante pide al juez que se intervenga para impedir que «el directorio siga sometién-dose a las pretensiones del gobierno provincial y a los diseños políticos que van contra los propios intereses del Banco Provincia, burlando a ley orgánica».
