Un mensaje desafortunado

Ayer, el gobierno argentino recibió un claro rechazo de los acreedores privadosen relación con su pretensión de pagar solamente 25% del monto nominal de la deuda comprometida y que se encuentra en estado de default (alrededor de u$s 100.000 millones), a través de la emisión de tres categorías de nuevos bonos que reemplazarán los 152 existentes impagos. Más allá de cómo se desenvuelva la negociación -que recién comienza-, lo que debe quedar claro es que no estamos frente a un mero trámite de reestructuración de parte de la deuda nacional, sino que en este proceso se juega algo mucho más grande: la posibilidad del país, por décadas, de poder recurrir a un financiamiento externo que no derive exclusivamente de los fondos suministrados por los organismos internacionales multilaterales de crédito.

Más allá de la triste experiencia vivida, existe una posibilidad cierta de que la Argentina pueda presentar un plan de reestructuración de deuda sobre la base de una suerte de convocatoria privada no compulsiva, pero seductora para los acreedores externos diferente ciertamente de la que se expresara ayer en Dubai.

Un esfuerzo concreto y razonable sería negociar y obtener un acuerdo marco con el FMI, pero de una naturaleza absolutamente distinta del mero «stand by» que se acaba de firmar (de una notoria precariedad), con apoyo político del Grupo de los 7, para que el organismo multilateral de crédito -con el apoyo político mencionadolidere y coordine un acuerdo específico concertado con los acreedores externos para efectuar un plan de salvataje de la Argentina consistente en (i) consolidar la deuda externa pública en su valor nominal puro del capital exclusivamente; (ii) presentar un plan de reestructuración y desarrollo del país con presupuestos y metas concretas, por un período de quince años, con rango constitucional y compromiso de ser respetado por todos -fuerzas políticas, sectores empresarios y gremiales-, independientemente del gobierno de turno; (iii) asegurar la estabilidad monetaria mediante garantías de control de la emisión con una independencia clara del Banco Central; (iv) un plan riguroso de saneamiento y baja del gasto público -especialmente el político-por el mismo período; (v) un plan de reestructuración de la deuda a largo plazo con el pago de cuotas crecientes dentro de un marco de posible cumplimiento sin comprometer el desenvolvimiento del plan de desarrollo mencionado -el repago sustentable-, pero respetando el pago de 100% del capital comprometido; (vi) acordar la suspensión provisional de toda acción por parte de los acreedores, y suspensión de las ya iniciadas por el término de dos años mientras se pone en marcha el plan, renovables sucesivamente sujeto al cumplimiento de las metas propuestas, con sistemas de contralor por parte de organismos internacionales; y (vii) un eventual premio final por permanencia del acreedor en el nuevo régimen de reestructuración de deuda, dado por el reconocimiento de una tasa de interés compensatoria que mitigue la eventual quita encubierta que significaría la resignación de gran parte de los intereses contra asegurar la integridad de recuperación del capital.

Claro está que, para poder negociar o concertar este tipo de acuerdos voluntarios a nivel internacional, resulta necesario contar con un plan económico integral y serio, fundado en bases sólidas, una fuerte convicción política, equipos técnicos adecuadosy reflexivos, un proyecto creíble para el país y una dirigencia -en todos los ámbitos-lo suficientemente experimentada y madura para entender el desafío de la hora, dispuesta a trabajar por el rescate de la credibilidad y de la seguridad jurídica, con un mensaje único y claro para el resto del mundo.

•Momento histórico

Es bueno recordar en estos días aquel momento histórico cuando en medio de la mayor crisis económica que hasta entonces había padecido la Argentina, el presidente Nicolás Avellaneda dijo, el 1 de mayo de 1876, en el Congreso de la Nación: «Hay dos millones de argentinos que ahorrarán hasta sobre su hambre y su sed para responder, en una situación suprema, a los compromisos de nuestra fe pública en nuestros mercados extranjeros». El eco de esas palabras resonó en el mundo entero y rindió como fruto un desarrollo sostenido del país que recibió, como tributo a ese mensaje y a su conducta, un aluvión de inversiones.

La victoria que pueda obtenerse en una dura negociación con los acreedores privados -sobre la base de lo pretendido ayer en Dubai-será sólo una victoria mediática y efímera. El crédito privado de la Nación Argentina recibirá como precio de esa incierta «victoria» (si finalmente se obtuviera) un certificado de defunción para ser sujeto beneficiario del crédito externo por mucho tiempo, como consecuencia de pretender liberarse de las obligaciones contraídas sobre la contribución forzosa del hambre y la sed de jubilados, pensionados, trabajadores o particulares extranjeros (y también argentinos), cuyo máximo pecado fue haber confiado en la República Argentina, en su historia y en su tradición.