Un preacuerdo que no es conveniente para el país

Por Alejandro Vanoli - Economista, ex presidente del BCRA

El preacuerdo implica reconocer una fuerte valorización a los fondos buitres de casi el 1000%, con una quita de solo el 25%. Esta quita constituye una reducción no solo muy inferior a los acuerdos de 2005 y 2010, sino aún menor que la quita del Plan Brady de 1992 que fue 35%.

Este preacuerdo no surge de una firme negociación que defienda los intereses nacionales sino de un reconocimiento de pago del 100% del capital y al contado. El Gobierno mostró demasiado apuro en la negociación y los buitres se aprovecharon de tal circunstancia.

Era preferible que las negociaciones demoren más tiempo y llegar a un acuerdo más favorable. Cuando uno se apura negocia mal.

Los riesgos del preacuerdo son muy altos. Implica pagar el 100% al contado, financiado con un nuevo endeudamiento por u$s 15 mil millones. Según el propio Financial Times el mayor endeudamiento para un país en desarrollo en 20 años. Un gran negocio para los bancos pero que compromete, como un Megacanje II, el crecimiento del país y la propia capacidad de pago en el mediano plazo.

Ello puede tornarse aún más grave si la solución no engloba al 100% de los acreedores dejando libre el camino para mejores términos por parte de otros buitres o si algún juez en alguna jurisdicción hace una interpretación distinta del pari passu y obliga al país a otorgarle los mismos términos al 93% que aceptó las reestructuraciones anteriores.

La restricción externa que deriva de la crisis internacional no se resuelve con más deuda. El diagnóstico calcado del de Martínez de Hoz en 1976 y Cavallo en los años 90. El argumento de que el crédito externo permitiría aumentar la inversión el ahorro y el crecimiento es falaz. El endeudamiento de esos años provocó mayores desequilibrios producticos, desempleo, inequidad, mayores déficits fiscales y externos. Y esas burbujas de endeudamiento explotaron en 1981 y 2001. Y volvería a suceder. Como ocurrió en diversos países en desarrollo y como sucedió en Grecia y otras naciones de Europa.

La única forma de salir de la restricción externa es profundizar un desarrollo integrado de nuestra economía, preservando la soberanía nacional en el marco de una integración regional porque los problemas de Argentina se resuelven con una estrategia de desarrollo y no con el sometimiento al sistema financiero internacional.

En ese marco la posición defendida por la Argentina fue respaldada por la Asamblea de Naciones Unidas en 2015 por una amplia mayoría, posición que además fue respaldada por distintas organizaciones y personalidades que han destacado los perjuicios que tendría para la estabilidad económica mundial si este perverso precedente que apareja el cumplimiento de la sentencia de Griesa es aceptado pasivamente por el Congreso Nacional.

Por lo expuesto es que este preacuerdo traerá perjuicios para el pueblo argentino, por lo que se requiere un amplio esclarecimiento para que el Congreso que es el responsable constitucional de arreglar la deuda, no habilite en estas condiciones, la eliminación de la llamada ley cerrojo ni de la ley de pago soberano.