Una alternativa para devolver los dólares

El seguro fracaso, al que se encamina el plan oficial de canje voluntario de depósitos reprogramados por bonos, hace indispensable un nuevo cambio de estrategia en la búsqueda de una solución al corralón. No se puede dar lugar a otro papelón como el que provocó la desierta licitación de BODEN 2005 del viernes anterior.

Pero el nuevo camino que se intente no debe consistir en un canje forzoso, ya que no será aprobado por la Corte Suprema y dejará lesionada por mucho tiempo la relación de ahorristas y bancos. Presionar a la Corte para que haga la vista gorda no es lo adecuado. Tampoco puede optarse por la vía de la licuación de los ahorros que derivaría de una hiperemisión de pesos. El "corralón" es un problema muy serio y debe ser solucionado para que desaparezca de una vez de nuestros horizontes. Pero no cualquier forma de desaparición será una verdadera solución y el gobierno está obligado a pensar en el largo plazo.

• Opciones

El Decreto 905 que instrumentó el plan de bonos obliga al ahorrista a elegir entre dos alternativas, que son ambas perjudiciales. Si opta por los bonos, mantiene la moneda de origen de sus depósitos (dólares) pero debe aceptar un nuevo deudor que está en quiebra (el Estado). Si mantiene los depósitos reprogramados, sigue vinculado con su deudor original (su propio banco), pero pierde la moneda de origen (queda pesificado). Como esta elección lo obliga a ceder alguno de sus derechos básicos, los que ya han sido objeto de defensa por parte de varios jueces, la Corte Suprema tampoco podrá avalar este Decreto.

La solución al problema debe buscarse dentro del respeto de esos derechos, lo que implica necesariamente volver a dolarizar los depósitos reprogramados y mantener la obligación de los bancos de devolverlos a sus ahorristas. De este modo, además, se podrá reconstituir la muy deteriorada relación banco-ahorrista, de la cual depende el futuro del sistema financiero argentino. Obviamente, dada la falta de liquidez sistémica, el plazo de devolución debe mantenerse reprogramado, es decir, entre enero de 2003 y agosto de 2005. Esta postergación no ha sido considerada violatoria por parte de los jueces, ya que no afecta el patrimonio depositado sino sólo su disponibilidad inmediata, la que queda justificada en la emergencia que impone una corrida bancaria como la actual, que está «congelada» pero no superada.

Para que la devolución de esos dólares sea factible, el Estado debe hacerse cargo de la diferencia que media entre el valor del dólar al momento de su devolución al ahorrista y el valor de los activos con los cuales los bancos deben hacer frente a ella. Ello está justificado porque el descalce entre activos y pasivos se debió al subsidio a los deudores en dólares (que fueron pesificados a $ 1 + CER), una decisión que tomó el Estado y por la cual debe pagar.

De este modo, el ahorrista recibirá lo que depositó y los bancos no tendrán que afrontar un problema extraordinario de liquidez. Sucede que en las condiciones actuales, si nadie optase por el canje, deberán devolver todos los depósitos a $ 1,40 + CER, cuando gran parte de sus activos quedaron pesificados a $ 1 + CER. Los $ 0,40 de diferencia (que sumarían hasta $ 27.000 millones) los recibirían en bonos que vencen entre agosto de 2003 y febrero de 2007, más tarde que los depósitos. Este esquema significa que nuevamente sería el sector privado, a través del sistema financiero, quien debería financiar al Estado por el monto del subsidio a los deudores que entregó.

Si se instrumenta una propuesta como la elaborada por EXANTE, que fue presentada por el senador Pablo Walter y otros legisladores de partidos provinciales y del justicialismo, los bancos sólo afrontarán los vencimientos a los que ellos mismos se comprometieron, pagando $ 1 + CER por cada dólar recibido en depósito, sin tener que enfrentar exigencias adicionales. En las actuales circunstancias, esto ya significa demasiado esfuerzo, el que no todos los bancos podrán afrontar.

Por último, el costo fiscal de esta alternativa es sensiblemente inferior al que prevé el gobierno, ya que no supera los u$s 2.200 millones, de los cuales en 2003 se insumen menos de la mitad. Los cálculos oficiales del plan de bonos van de los u$s 7.000 millones a los u$s 12.000 millones.