13 de mayo 2003 - 00:00

Una tensa reunión por leyes y vetos

Las medidas estructurales que la Argentina incumplió con el Fondo Monetario trabaron el anuncio de la misión del miniacuerdo, pese a que las pautas monetarias ya se terminaron de acordar con el organismo. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, explicó ayer que el anuncio oficial recién se efectuará la semana próxima, cuando haya finalizado el ballottage.

Existen varios puntos que fueron incumplidos respecto del acuerdo alcanzado en enero: la gota que rebasó el vaso fue la suspensión de las ejecuciones por noventa días aprobada (por cuarta vez) en el Congreso.
El acuerdo establecía taxativamente que el gobierno impulsaría mecanismos de negociación entre las partes para resolver las cuestiones vinculadas a las deudas, pero no medidas compulsivas.

•Exigencia

Lavagna aseguró ayer a John Dodsworth y a John Thornton, en tensa reunión, los dos máximos responsables de la misión del Fondo que está revisando las cuentas, que el gobierno considera no vetar dicha suspensión de ejecuciones. Desde el organismo, exigían que el Ejecutivo diera marcha atrás con esta decisión del Congreso.

Hubo otra serie de incumplimientos que se vienen arrastrando, como la transformación de la alícuota del impuesto al combustible en una suma proporcional del precio.

Respecto de las nuevas metas acordadas con el FMI, éstas son las cuestiones más importantes:

Se incrementa en cerca de $ 4.000 millones la meta de base monetaria amplia (incluye las cuasi monedas) establecida para fin de junio. De los $ 36.400 millones se pasó a unos $ 40.400 millones. Claro que el nivel actual de la base asciende a $ 38.800 millones. Esto implica que, en realidad, hasta fines del mes próximo, el BCRA podrá emitir unos $ 1.600 millones adicionales. Ello implica la posibilidad de comprar unos 570 millones de dólares adicionales en el mercado, lo que en principio podría parecer una cifra exigua.

También se elevó de manera sustancial el tope de reservas que el BCRA debe mantener en su poder. De los $ 9.000 millones establecidos en enero, ahora se pasó a unos $ 10.500 millones. La idea es que la autoridad monetaria no podrá vender las divisas adquiridas hasta el 30 de abril a través de compras en el mercado.

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