Vicentin: Justicia busca pruebas y sus dueños traban plan de rescate

Economía

No se llegó a un acuerdo en la segunda reunión de conciliación entre la provincia de Santa Fe y la empresa para conformar un fideicomiso. El Gobierno insistirá con un plan de rescate vía judicial.

Ayer fue quizás una jornada que marcará el rumbo de cómo seguirá el futuro de la firma agroindustrial Vicentin. Mientras la Justicia federal avanzaba con un allanamiento en la sede central de la compañía, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, en paralelo, sus dueños, durante una reunión con representantes del Gobierno de Santa Fe, se negaban a rubricar un acuerdo para conformar un fideicomiso y dar un paso al costado del directorio, tal como pidieron sus acreedores.

Así es que las negociaciones entre el Gobierno y la empresa, a instancias del juez Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores de la firma, llegaron a un punto muerto.

Justamente los dueños de la firma pedían a cambio de aceptar el plan de rescate ofrecido por el Gobierno, una especie de “inmunidad” judicial. Pero lo cierto es que la Justicia federal avanza en su investigación por presuntas estafas y desvíos de fondos, independientemente del plan del Gobierno nacional para rescatar a la compañía que entró en default en diciembre del año pasado con deudas superiores a los u$s1.350 millones.

En tanto, el allanamiento fue dispuesto por el juez federal Julián Ercolini a instancias del fiscal que tiene delegada la causa, Gerardo Pollicita, y tuvo por objetivo acceder a los libros contables para digitalizarlos y luego reintegrarlos.

Este punto es clave no sólo para la Justicia nacional sino también para sus acreedores internacionales que iniciaron un proceso de discovery en la Justicia de Estados Unidos, en el que buscan acceder a toda la información financiera y contable de la empresa, ya que sospechan del desvío de al menos u$s400 millones.

Por su parte, en lo que respecta al plan oficial que pretendía la conformación de un fideicomiso en el que los acreedores pudieran capitalizar deuda y por su parte, los dueños de la firma, quedarían con una participación minoritaria, por el momento no logró ningún tipo de avance.

La decisión ahora quedará en manos del juez Lorenzini de hacerle lugar o no lugar al pedido de intervención de la empresa solicitado semanas atrás por el Gobierno de Santa Fe.

En el mientras tanto, las irregularidades en la causa se siguen acumulando, porque a pesar del expreso pedido de los acreedores, síndicos y hasta el propio magistrado, aún la empresa no presentó su último balance contable, condición más que necesaria para entrar en concurso de acreedores.

En este marco, el Gobierno analiza los pasos a seguir y por lo pronto continuará insistiendo vía judicial en la intervención de la empresa. Incluso, ahora cuenta con el aval de un nutrido grupo de acreedores que avalan el plan para capitalizar parte de su deuda.

En la vereda de enfrente, los dueños de la empresa enfrentan a la avanzada judicial en el frente nacional e internacional.

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