¿Y si un día se enojan los ocupados?

De 100 personas en el país -no todos argentinos- 17 están desocupadas, dato conocido, constantemente mencionado y publicado. Del otro lado hay 83 ocupadas, algo en cambio en lo que pocos piensan.

En números son 2.300.000 los desocupados, cifra que impresiona porque se toma por no relevante mencionar la otra, la de 12.000.000 de ocupados.

De estos últimos, aproximadamente 2.500.000 son los ocupados como empleados públicos (nacionales, provinciales o municipales). En su gran mayoría (salvo los enfermeros/as de los hospitales entre pocos más), ingresados a vivir de un sueldo del Estado no por concurso o exámenes sino por alguna relación de amistad, de privilegio sindical o -quizá los más-por una recomendación política.

No todos los llamados «empleados o servidores públicos» son necesariamente no buenos, criticables y suprimibles. Están los buenos, inclusive mal remunerados, por caso los jueces, los policías, los maestros, los bomberos y otros distantes de los que burocratizan o son ñoquis. Estos innecesarios entre los 3.000.000 del sector estatal quizá sumen 700.000 prescindibles. Son buena parte de los 7.000 que trabajan en el Congreso, de los 1.000 empleados de su biblioteca, los 300 que vigilan 7 geriátricos del PAMI, un grupo considerable de los que figuran en los organismos como la ANSeS, etc. Desde ya también los «ñoquis» y el exceso de jefes a los que llaman «queso rayado» porque están arriba de los «ñoquis». También están los sindicalistas que absorben cuantiosos recursos.

Hay un sector, digamos neutral en la sociedad argentina, que son los jubilados y pensionados -unos 4.000.000- y los niños e impedidos.

Frente a todo eso y como sostén de eso están los auténticos generadores de riqueza, o sea los 9,5 millones de ocupados de la actividad privada entre los que son obreros, empleados, comerciantes, empresarios, profesionales, artistas. Un trabajador privado no puede vivir en una sociedad, por caso, sin justicia ni seguridad (sin bomberos, sin policía ni gendarmes o jueces). O sea privados y públicos comparten el hábitat pero hoy en la Argentina, contra lo que se cree, los más sacrificados por la actual crisis son los primeros, los privados. ¿Por qué?

- El sueldo de los públicos es de $ 790, promedio, mientras que el de los privados, también promedio, de $ 724. Es cierto que gravita en los privados el menor salario de los obreros porque hay producción industrial y en el Estado no.

- Los privados han sobrellevado más recortes salariales y antes frente a la crisis que los públicos, aunque se los oiga gritar menos.

- Pero igual es demasiado amplia la diferencia salarial promedio si, además, los públicos gozan de menor horario, y más franquicias y mucho menos rigidez laboral.

- También han sufrido los privados tanto o más retardo que los estatales en los pagos de sus mensualidades.

- Otro privilegio importante a favor de los empleados públicos es que gozan de estabilidad por ley que los privados no tienen. Esto lleva a que los públicos hagan con impunidad rebeldías, huelgas, desplantes ante jefaturas, asambleas, inasistencias al trabajo, pintarrajeadas de lugares laborales que es muy difícil o casi imposible en los privados.

Unos y otros son afectados por los cortes de rutas de los piqueteros, por los paros sorpresivos o concertados del transporte público, por las interrupciones de calles de grupos siempre minoritarios, generalmente activistas sindicales.

El problema entonces es ¿qué pasa si los trabajadores privados -desde comerciantes a empleados porque todos «trabajan»- un día se cansan, se enojan de tener desventajas en relación con los públicos?

Porque, agréguese, los privados ven mermar mes a mes sus ingresos porque se van apretando los márgenes de las empresas, también privadas, que los tienen como sus empleados y obreros.

Y aquí se cierra este círculo perverso: las empresas privadas -también quienes en ella trabajan- van enflaqueciendo por los elevados impuestos, más el del cheque que el Estado les aplica en forma creciente para mantener, precisamente, su frondosa planta de empleados públicos que gozan de estabilidad, menor horario, menor rigidez laboral, etc., etc. ¿Es justo?

Los políticos encaramados en gobiernos municipales, provinciales, nacionales u organismos estatales se preocupan de los trabajadores del sector público -inclusive a nivel de exceptuarlos de los recortes salariales como en la Justicia nacional y en el Parlamento-por dos razones criticables. Una es que les temen o al menos no quieren arriesgarse a intranquilidades con los empleados públicos que los rodean en sus jornadas.

La otra, en muchos casos, es que quieren asegurarse su continuidad o renovación en cargos oficiales buscando no alterar a punteros o activistas que ellos mismos han ingresado al empleo público para que sirvan a sus fines personales. En ambos casos muestran a la sociedad una excepción reprochable.

El olvido de los políticos de los empleados privados y su preocupación exclusiva por los públicos es grave, gravísimo, porque fundamentalmente de los primeros, de su consumo, de su poder de demanda para adquirir bienes y servicios y, porque son mayoría depende el nivel de la actividad de un país. Del nivel de actividad dependen los ingresos del Estado también -y fundamental y casi exclusivamente en muchas provincias- para pagar la abultada plantilla de empleados públicos.

Además los políticos deberían recordar otra característica: no se puede incitar con el trato generoso a producir más al sector público. Los bomberos no van a apagar más incendios, ni los jueces juzgar a más gente, por ejemplo. Pero si los privados ya entre ocupados y desocupados deberían esos mismos políticos recordarse de los ocupados, tratarlos bien, no incrementar y cargar sobre sus espaldas más gasto social del realmente indispensable porque eso abruma de impuestos a los que están produciendo, generando riqueza y demanda porque de esta dependerá que desocupados dejen de serlo.

Por tanto la demagogia de los políticos y sindicalistas, los paros contra la mayor producción, intranquilizar y molestar al que trabaja y el llenarse la boca con obviedades en favor de los desocupados no los ayuda. Acordarse de 83% de ocupados sí. Y sobre todo preocuparse que un día no se enojen contra los políticos, por un lado (por eso es casi unánime el reclamo para bajar el costo de la política) ni con los sindicalistas (por eso no los quieren y tienen el más bajo nivel de credibilidad de la sociedad).

De los «ocupados» y sobre todo de los privados dependemos todos y la superación de la actual gravísima crisis.