Ya son 18 empresas que le inician juicio al Estado

Unas 18 empresas extranjeras habrían pedido ya el arbitraje del tribunal que controla el Banco Mundial -CIADI-en su controversia con el Estado argentino por violación a los tratados de protección recíproca de las inversiones. Esto quiere decir que esas compañías pasaron ya la etapa de negociación previa de seis meses que prevé la reglamentación del CIADI, y presentaron demandas contra el Estado nacional, sobre las cuales deberá arbitrar el tribunal.

La lista de las empresas que notificaron controversia, esto quiere decir que empezaron las actuaciones, las que pasaron los seis meses de negociación y no avanzaron, y las que presentaron ya pe-dido de arbitraje, se conoce fragmentariamente.

El gobierno no da información oficial sobre el tema, y de hecho parece dispuesto, como en otros aspectos, a demo-rar lo más posible los trámites, para que los juicios queden a cargo del próximo gobierno.

Por su parte, las empresas temen que si se conoce que le iniciaron juicio al Estado argentino, haya un empeoramiento de su imagen ante la opinión pública y un recrudecimiento de la campaña contra las privatizaciones.

Entre las empresas que ya iniciaron la demanda y pedido de arbitraje se encuentran:

• La norteamericana Enron por Transportadora de Gas del Sur (TGS) debido a la suspensión de la cláusula de ajuste de la tarifa por precios de EE.UU. durante el gobierno de Fernando de la Rúa a raíz de una decisión de la Justicia, y por la ley de emergencia durante la actual administración.

• La misma empresa de EE.UU. por Azurix, empresa que tenía la concesión del agua en la provincia de Buenos Aires, por ruptura del contrato (el demandado siempre es el Estado nacional aunque el conflicto se haya dado con una provincia).

• La norteamericana CMS por Transportadora de Gas del Norte (TGN) por las mismas razones que Enron por TGS.

• La también norteamericana Sempra por su participación en las distribuidoras de gas del sur y pampeana, y por las mismas razones que las transportistas.

• La italiana Camuzzi por las mismas empresas y motivos que la anterior.

• La italiana Italgas por las distribuidoras de gas del centro y cuyana, y por las mismas causas que las otras gasíferas.

• Louisiana Gas por su participación en Gas Natural BAN e idénticas razones.

• La norteamericana AES por la modificación de los contratos provocada por la ley de emergencia en las empresas de distribución eléctrica EDEN y EDES (norte y sur de la provincia de Buenos Aires) y Edelap, una de las tres distribuidoras que sucedió a SEGBA y tiene jurisdicción nacional.

• La española Endesa por su participación en El Chocón y por la modificación del impuesto a los sellos.

• La alemana Siemens por la rescisión del contrato de los DNI.

Entre las empresas que ya notificaron la disputa y trascurridos los seis meses, todavía no habrían iniciado acciones, se encuentran:

• La francesa Totalfinaelf por el congelamiento del precio del gas para las empresas productoras.

• La norteamericana Chevron por la aplicación de retenciones a la exportación de hidrocarburos.

• La norteamericana El Paso por su participación en Capex y también por los gravámenes a la exportación.
 
• La norteamericana Pionner por el mismo motivo.

• La norteamericana Exxon por medidas que afectan la desregulación del mercado petrolero.

• La francesa Compagnie General des Eaux por Aguas Argentinas, Aguas de Córdoba y Aguas de Santa Fe.

• La británica British Gas por su participación en MetroGas y por el congelamiento de las tarifas por la ley de emergencia.

Según versiones, también se habrían presentado ante el CIADI, Endesa por Edesur, y Electricité de France por Edenor. En apariencia, el gobierno basa su estrategia de dilatar los trámites en la suposición de que la mayoría de las privatizadas que se presentaron por las tarifas no iniciarán juicio por lo menos hasta que asuma el nuevo gobierno y vean qué actitud adoptará frente a los contratos.