Abogados van a la carga de juez que apunta a validar ley de ART

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• SEÑALARON A MAGISTRADO POR LLEVAR ADELANTE "ARDID FRAUDULENTO" PARA CENTRALIZAR TODOS LOS AMPAROS
El Colegio Público de Abogados porteño apuntó a Pablo Cayssials y a una aseguradora privada por iniciar causa para atraer las demandas que estaba en fuero laboral. Los acusó de “fraude procesal” y exigieron que se aparte.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal salió con los tapones de punta contra el juez Pablo Cayssials, que pretende centralizar todos los amparos colectivos contra la reforma a la ley de Riesgos de Trabajo. En un duro escrito, el órgano que agrupa a todos los letrados de la matrícula porteña pidió la nulidad de la decisión del magistrado en lo Contencioso Administrativo Federal que, como informó Ámbito Financiero, reclamó que su juzgado defina la validez de la iniciativa considerada medular para la administración Cambiemos. Reclamó que todas las actuaciones, a partir de la iniciada por una ART sean traspasadas la Justicia nacional del Trabajo (que se aprestaba a voltear la reforma) y anticipó una denuncia por una "maniobra procesal" contra el juez ante el Consejo de la Magistratura.

Como había adelantado este diario, la decisión de Cayssials del pasado 19 de septiembre sulfuró a los abogados que habían sembrado amparos y tendió el único puente posible para que el Gobierno lograra salvar la ley, al menos en primera instancia. En la presentación espontánea que lleva la firma de Jorge Rizzo, presidente del CPACF, acusaron a Cayssials de haber realizado "un ardid bochornosamente fraudulento" por haber pedido que los jueces del fuero laboral se inhibieran a su favor en los casos donde se reclamaba la inconstitucionalidad del texto de la norma que fijaba la obligatoriedad de las comisiones médicas jurisdiccionales como paso previo a iniciar un juicio por accidente laboral. La Casa Rosada mira con atención el resultado de esta puja: impulsó la ley como una vía para desmoronar la denominada "industria del juicio", debilitar al fuero laboral a la que fijó como enemiga por sus fallos anti-empresa y favorecer el clima para los inversores. Hasta ahora, sólo cosecharon resistencias, especialmente de los abogados que interpusieron varios amparos. Tras tironeos, la ley ingresó en zona de peligro cuando la Cámara Nacional del Trabajo validó la intervención del juez Alejandro Aníbal Segura, quien dio de baja el DNU presidencial con un texto (y un espíritu) idéntico al de la reforma finalmente sancionada en el Congreso. El Gobierno, a través de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) había intentado apartarlo por "prejuzgamiento" pero fracasó debido a un revés de la Cámara laboral que desestimó su planteo. Ante ese escenario, Cayssials salió al rescate de los expedientes que iban a terminar unificados en el Juzgado N°41 de Segura debido a la presentación de Experta ART SA que precisamente apuntaba en sentido opuesto a los intentos por voltear la ley.

Al juez le reprocharon que ya sabía de la existencia de un proceso colectivo inscripto en el registro de la Corte Suprema, lo que es de cumplimiento "obligatorio" y con fecha 27 de marzo. Esto implica que es anterior al caso presentado por la ART privada. "Sea el desconocimiento manifiesto de las directrices impartidas por nuestro Máximo Tribunal a través de dos (2) de sus Acordadas, sea el apartamiento malicioso y consciente de ellas, esta parte viene a solicitar se extiendan copias certificadas de las presentes actuaciones a efectos de presentar la denuncia correspondiente por ante el Consejo de la Magistratura", amenazaron. En el Consejo, el CPACF tiene la presidencia a través de la abogada Adriana Donato. Allí el oficialismo ve crujir el sistema de alianzas que les permite siempre contar con el voto de la abogacía en el bloque mayoritario. Nunca se han enfrentado al punto de la ruptura, pese a que Rizzo mantiene distancia de su otrora aliado Daniel "Tano" Angelici.

El escrito consideró "ilegal y fraudulento" que Experta ART en su demanda pretenda atraer el resto de los amparos y exigió a Cayssials -que por otra vía tiene en vilo a la procuradora general Alejandra Gils Carbó- que por "dignidad y decoro" se aparte definitivamente de la causa.

Cayssials puede hacer caso omiso a la presentación del CPACF pero será la Cámara Nacional del Trabajo la que puede terciar para definir qué juez es competente. Fue el primer tribunal en recibir planteos del Gobierno contra los amparos y se pronunció porque sean esos tribunales -enfrentados con la Casa Rosada- los que tramiten los amparos. "Se solicita se declare la nulidad de la resolución, so pena de configurar prevaricato", embistieron los abogados que mostraron los dientes y dejaron la puerta abierta para una denuncia penal.

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