El autor de los supuestos pagos es el empresario Fernando Bahiano, quien se acogió a un acuerdo de colaboración con la Justicia y está acusado de ser intermediario en el pago de sobornos entre las empresas que prestaban servicios a Petrobras y los políticos que amparaban las corruptelas.
Según O Globo, Fernando Bahiano contó al juez que pagó gastos personales de Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor del expresidente, por casi dos millones de reales (unos 530.000 dólares) con dinero procedente de la red de corrupción.
La semana pasada el Tribunal Supremo (Corte Suprema) autorizó a la Policía Federal a convocar a Lula para un interrogatorio en calidad de testigo y no como investigado en relación con este caso. El pedido para indagar a Lula había sido solicitado en septiembre pasado por un comisario de la fuerza que cree que el exmandatario "pudo haberse beneficiado" de la red que, según Petrobras, desvió cerca de 2.000 millones de dólares.
En su petición a la corte, el comisario responsable opinó que Lula pudo haber "obtenido beneficios para sí mismo, para su partido, el PT (Partido de los Trabajadores) o para su Gobierno, con la manutención de una base de apoyo partidaria sustentada a costa de negocios ilícitos" en Petrobras.
El "caso Petrobras" se investiga desde hace un año y la Justicia ya ha condenado a varios empresarios, ejecutivos de la petrolera y políticos implicados en supuesta corrupción. Entre los condenados se encuentra João Vaccari, extesorero del PT, y que tendrá que cumplir 15 años y cuatro meses de cárcel.
Las investigaciones se extendieron a una veintena de grandes empresas privadas que, según las autoridades, obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus valores y luego repartían las diferencias con exdirectores de la petrolera y los políticos que permitían el fraude.
Las autoridades brasileñas sospechan que parte del dinero obtenido por la red que operó en Petrobras pudo haber llegado a la campaña que el año pasado llevó a la reelección de Rousseff, un aspecto del caso que investiga el Tribunal Superior Electoral (TSE).
La demanda es una de las cinco presentadas por el opositor partido socialdemócrata (PSDB) derrotado en los comicios de octubre de 2014 por apenas 3 puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff, del PT y Michel Temer (PMDB) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas involucradas en el gigantesco esquema de corrupción en la empresa estatal.
El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y Temer de "abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos".
El partido, que llevó como candidato en las elecciones de octubre pasado al actual senador Aécio Neves, plantea además que hubo "manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos -un abuso acumulado con la perpetración de fraude-, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda".
Además de ser acusada de usar recursos públicos para su campaña, la mandataria es cuestionada por solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, lo que está prohibido por ley. Tras analizar estas presuntas maniobras, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) rechazó las cuentas del Gobierno de 2014, algo que allanaría el camino para la apertura de un proceso de juicio político en el Congreso, que también deberá evaluar las cuentas.
Sofocada por la recesión económica, con un Congreso fragmentado y un apoyo popular de apenas el 10%, Rousseff lucha para restaurar la gobernabilidad y conseguir aprobar un paquete de ajuste fiscal que le permita reordenar las cuentas públicas.
| Agencias EFE, AFP y ANSA, y Ámbito Financiero |
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