Apenas dos semanas después de la destitución de Dilma Rousseff en un juicio político, el jefe de los fiscales que investiga el caso Petrobras, Deltan Dallagnol, afirmó en una conferencia de prensa en Paraná (sur) que el exmandatario (2003-2010) estaba en la cima del esquema que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal, revelado por la Operación "Lava Jato" (lavadero de autos). "Sin el poder de decisión de Lula, ese esquema sería imposible", afirmó, al definir el caso también conocido como uno de "saqueo de las arcas públicas" y "el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil".
De acuerdo con Dallagnol, en esta causa -una de las múltiples del expediente que ya se tradujo en más de un centenar de sentencias- Lula recibió 3,7 millones de reales (1,1 millón de dólares al cambio actual) "en sobornos pagados disimuladamente". Afirmó además que se había constatado que la constructora OAS, una de las principales involucradas en la trama político-empresarial de los sobornos, transfirió recursos al expresidente mediante la reforma de un tríplex y de un contrato falso de almacenamiento de bienes personales. La esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, también fue denunciada, en particular como presunta copropietaria del tríplex. También aparecen los executivos de la constructora OAS Léo Pinheiro, Agenor Franklin Medeiros y Paulo Gordilho. Asimismo, el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, y otras dos personas.
El fiscal que conduce el equipo de investigadores llamó al esquema de desvío de fondos hacia la política una "sobornocracia" diseñada para "perpetuarse criminalmente en el poder, enriquecerse ilícitamente y corromper la gobernabilidad" del país.
En San Pablo, el abogado de Lula calificó esas denuncias de "farsa" y dijo que la Fiscalía "se perdió en un deplorable espectáculo de verborragia" para encubrir el hecho de que no existe "ninguna prueba" contra el exmandatario ni contra su esposa. El expresidente y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) enfrenta otra acusación, por presunto intento de obstrucción de las investigaciones de la operación "Lava Jato".
En su presentación, Dallagnol citó un estudio de la Policía Federal en el que se indicó que el "perjuicio total" ocasionado por el esquema fraudulento podría ascender hasta 42.000 millones de reales (unos u$s12.700 millones). Consultado acerca de si solicitará la detención del exmandatario, no respondió.
Para el profesor de Derecho Penal de la Fundación Getulio Vargas, Thiago Bottino, la acusación contra Lula "no es un motivo para mandar preso a alguien. El hecho de acusar a alguien no significa que haya cometido esos delitos".
El "petrolão" fue un sistema que operó durante una década en la estatal Petrobras, por el cual las mayores constructoras de Brasil sobornaban a ejecutivos de la compañía, que a su vez eran designados por partidos políticos, a cambio de contratos. Las empresas sobrefacturaban las obras y el excedente generado era luego distribuido entre las agrupaciones oficialistas, con el PT en primer lugar, para financiar sus campañas y entre los participantes para su enriquecimiento personal.
El escándalo fue el gran motor de las protestas contra el PT y el Gobierno de Rousseff, que fue destituida el mes pasado acusada de haber maquillado las cuentas públicas, en un juicio político sin conexión con Petrobras, pero plagado de menciones a la confabulación. Por el caso fueron detenidos João Santana, publicista del PT; João Vaccari, extesorero; y José Dirceu, exjefe de gabinete y mano derecha de Lula. Además, hay decenas de legisladores, entre ellos varios del PMDB, del presidente Michel Temer, que se hallan bajo investigación del Supremo Tribunal Federal (STF).
| Agencias AFP, EFE, ANSA, DPA y Reuters, y Ámbito Financiero |
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