16 de diciembre 2013 - 00:00

Advierten que subas a policías y deudas duplicarían el déficit

El aumento de la conflictividad salarial -que se disparó con las forzadas subas a los policías y se contagió ahora al resto de la administración pública- presagia un duro 2014 para las provincias, con un déficit que en el peor de los casos (sin refinanciaciones masivas de deuda) podría llegar a escalar a los $ 47.500 millones, duplicando el monto estimado para este año.

La conclusión pertenece a la consultora Economía & Regiones, que evalúa distintos potenciales escenarios frente a los nuevos e inesperados desafíos a los que se ven sometidos los gobernadores, tras la cadena de autoacuartelamientos de uniformados que tuvo en vilo en los últimos días al país y derivó en saqueos que dejaron una decena de muertos.

Según el informe, la extensa protesta policial "modifica radicalmente el escenario para 2014, dado que afecta la variable más sensible para la caja provincial: el gasto en personal".

Sobre 2.000.000 de cargos públicos a nivel provincial, el personal afectado a la función Seguridad (policía y servicio penitenciario) concentra unos 300.000 agentes (15% de la planta total, y un porcentaje similar del gasto salarial).

"Pese a que la incidencia relativa del personal policial es reducida, existe una alta probabilidad de que el aumento otorgado o por otorgarse a dicho sector termine dificultando las negociaciones salariales del resto de los empleados de la administración pública provincial", advierte el estudio. Pero este escenario se da en un contexto de escaso margen para incrementar los recursos propios, ya que la mayoría de las provincias introdujo amplias reformas tributarias en los últimos dos años y llevó la presión fiscal local a sus máximos históricos. A ello se suma -destaca el estudio- que en 2014, de no mediar una refinanciación de la Casa Rosada, las provincias deberán atender los servicios de la deuda reprogramada con Nación, con un gasto adicional de $ 10.000 millones en intereses y amortizaciones.

No obstante, el reciente anuncio de una reprogramación de deuda para el caso de la provincia de Córdoba parece indicar que esa estrategia se replicará en otros distritos.

Por de pronto, Economía & Regiones marca que al cierre de este ejercicio, "las provincias lograrían reducir de $ 16.000 a $ 11.000 millones su déficit financiero, lo cual revierte la tendencia fiscal observada desde 2010 a la fecha", en base a una contención del crecimiento de las erogaciones públicas (pese al año electoral) y al aumento de las recaudaciones locales, generando recursos adicionales por $ 21.000 millones.

"Las condiciones actuales impiden pensar en un 2014 tan benevolente", advierte sin embargo la consultora, en base a que ya no podrá ser desplegada una nueva oleada de subas impositivas. Por ello se le hará más dificultoso a los mandatario contener la demanda salarial por segundo ejercicio consecutivo.

Frente a ello, un escenario hipotético de aumentos generalizados del 30% para la totalidad de la administración pública provincial subiría a

$ 350.000 millones el gasto en personal y a $ 26.000 millones el déficit anual.

"Pero incluyendo el pago de amortizaciones, el rojo sube hasta $ 47.500 millones, prácticamente el doble del alcanzado en 2013, y representando el 1,5% del PIB, una cifra cada vez más difícil de financiar", sostiene el estudio.

No obstante, el Gobierno nacional dio señales -vía Córdoba- de la factibilidad de reprogramar nuevamente el pago de los servicios de intereses y amortizaciones de la deuda que las provincias mantienen con Nación.

"Si bien todavía no está clara la medida (si sólo lo harán por trimestres o para todo el ejercicio 2014), es conocido que su diferimiento anual ahorraría al conjunto de provincias unos $ 10.000 millones", remarca.

De concretarse esa medida, esa cifra "alcanzaría a cubrir en forma plena un aumento promedio del 30% las fuerzas de seguridad".

"Sin embargo, de trasladarse el reclamo al resto de los empleados públicos provinciales, los $ 10.000 millones de ahorro sólo lograrían financiar un incremento no mayor a 5 puntos en los salarios públicos", advierten.

De todas maneras, bajo esta variante el resultado financiero caería a $ 21.000 millones y las necesidades de financiamiento, de $ 47.500 millones a $ 37.500 millones, "cifra significativa si se tiene en cuenta que durante 2013 las provincias lograron colocar deuda en el mercado local por $ 14.200 millones".

Por ello, destaca el estudio, "todos los caminos conducen al Gobierno nacional, que debería asumir el rol de prestamista, no tan sólo prorrogando los $ 10.000 millones del Programa de Desendeudamiento, sino también aportando financiamiento fresco".

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