AGN complica más a Moyano con denuncia por fondos de la APE

• La Auditoría emitió ayer el informe que describe uso de troqueles falsos y beneficiarios fallecidos

La Auditoría General aprobó ayer por unanimidad un duro informe sobre el funcionamiento de la Administración de Programas Especiales (APE) que complica a las obras sociales sindicales, pero en especial a bancarios y al propio Hugo Moyano. Las irregularidades que encontraron los auditores fueron de tal magnitud que Leandro Despouy, presidente de la AGN, dispuso que el expediente se elevara inmediatamente a los jueces Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío y al presidente de la Cámara Penal para que lo incorpore como prueba a las causas relativas al fraude en medicamentos.

La auditoría que se conoció ayer denuncia la existencia de pagos a beneficiarios fallecidos, prestaciones cobradas no recibidas por los identificados, pagos a personas que no pudieron ser localizadas, pagos por troqueles falsos como comprobante demostrativo de la entrega de medicamentos, por prestaciones de efectores no autorizados y/o por medicamentos no aprobados y hasta facturas de gastos desconocidas por el laboratorio emisor.

«Esperamos que la Justicia investigue, que el Parlamento lo discuta y que el Poder Ejecutivo adopte medidas», dijo ayer Despouy; «la APE estuvo bajo el control de obras sociales muy poderosas», y confirmó que «las irregularidades se sitúan en la administración de Colombo Russel y del excoordinador de sistemas de la APE Christian Asorey». Russel fue el delegado de Moyano en la APE y Asorey nada menos que su yerno.

Precisiones

El informe precisa algunos de los datos que habían trascendido hasta ahora sobre el funcionamiento de la APE y denuncia que allí se encontraron: 

«Subsidios a obras sociales por beneficiarios ya fallecidos al momento de la prescripción médica y/o a la fecha invocada como de efectiva prestación. Se comprobaron 168 prácticas imputadas a 117 pacientes fallecidos al momento de recetarse y/o realizarse la práctica». 

«Beneficiarios de las obras sociales que fueron invocados como generadores de la solicitud de subsidio que negaron haber recibido las prestaciones». 

«Troqueles falsos de medicamentos por los cuales se otorgó el subsidio. Con el agravante de que, en uno de los casos, el laboratorio fabricante, y presunto proveedor de los mismos quiso dejar constancia de desconocer el origen de las facturas obrantes en el expediente». 

«Certificaciones de documentación médica efectuadas por presuntos profesionales a los que no se pudo verificar la matrícula y firma». 

«Falta de rendición y/o recupero de casi $ 700.000.000 por subsidios pagados en el período 1999/2010 a las obras sociales».  

«Se observó que la APE no coteja con el padrón de la Superintendencia de Servicios de Salud (ente competente) la afiliación del beneficiario, habiéndose verificado expedientes con beneficiarios no pertenecientes a ninguna obra social», dice el informe. 

«Falta de constatación de la veracidad de los datos del auditor médico. Se comprobó que casi en el 44% de los casos analizados, el médico auditor que figuraba en los expedientes de apoyo financiero no estaba inscripto como tal en los registros».

Hay un dato que compromete directamente a un grupo de sindicatos y que abrirá, inclusive, una disputa interna. Según la AGN, la APE no respeta el principio administrativo de primero entrado-primero salido. Es decir, que se deben despachar los trámites en orden de llegada. Por el contrario, se detectó que «si bien el promedio de días de trámite durante 2009 fue de 136 días, 343 expedientes iniciados ese año se pagaron en un término inferior a los 31 días (Camioneros, Gastronómicos, UPCN y la UOCRA). Lo mismo sucedió en 2010: promedios de días de trámite 119 y 578 expedientes resueltos en un plazo inferior a los 31 días».

Anoche el radical José Cano, jefe de la Comisión de Salud del Senado, aclaró: «Estamos trabajando en la presentación de una denuncia penal desde el bloque por las irregularidades en la APE». Es sólo un paso más de la decisión que la Auditoría, con un procedimiento especial ya que la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas aún no aprobó el informe, decidió elevar el expediente directamente a la Justicia.