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Ahora sólo cableras podrían dar telefonía, internet y televisión
Una fuente de Telefónica de Argentina sostuvo que «el proyecto no incluía a la empresa porque por la ley de bienes culturales desde 2003 se impide a compañías de capital extranjero poseer más del 30% de señales de cable u otras firmas de radiodifusión». «Para Telefónica no cambió nada, seguimos en la misma situación», indicó el vocero, pero también dijo que «eliminar a cualquier compañía de telecomunicaciones implica impedir que las redes se desarrollen con una capacidad de fibra óptica cada vez más amplia, para ofrecer desde una misma red: telefonía, internet y televisión, como está ocurriendo en la mayoría de los países desarrollados (triple play)».
En Telecom Argentina, en la cual sigue el enfrentamiento entre los principales accionistas: Telecom Italia y el grupo Werthein, no hubo comentarios. Pero varios legisladores insistieron en las últimas semanas en que por las limitaciones de la ley de bienes culturales, el proyecto de dar televisión por cable estaba hecho a la medida de Telecom, debido a que la empresa italiana está obligada por un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a desprenderse de sus acciones en la compañía local. Los mismos legisladores sostenían que el Gobierno sólo dará el visto bueno en el caso de que el comprador sea un accionista argentino de cierta afinidad con las actuales autoridades.
La decisión oficial significa que las empresas de cable seguirán pudiendo prestar «triple play», lo que por ahora sólo hace Telecentro de Alberto Pierri, mientras las telefónicas no podrán hacerlo. Sólo las cooperativas, según la Presidente, quedarán habilitadas para dar internet y televisión. Pero CableVisión o Multicanal, a los que el Gobierno pretende quitarles poder económico, podrían dar telefonía básica por lo menos en los mercados más rentables del país, como el área metropolitana Buenos Aires.
La exclusión de las telefónicas se fundamenta en el pliego de licitación de Entel que prohíbe a las empresas sucesoras de ésta brindar servicios de radiodifusión, y en el Decreto 464 de 2000 de desregulación que mantuvo la misma limitación.
En tanto, la Comisión de Defensa de la Competencia basó la decisión de que Telecom Italia debe desinvertir en todos sus activos de telecomunicaciones en el país fundamentada en esas dos normas legales, que el proyecto de ley de medios audiovisuales echaba por tierra. Por lo cual, los italianos podrían haber cuestionado la vigencia de los instrumentos por los que se los obliga a la desinversión.
No obstante, hay un dato que marcaría cierto hilo común entre el proyecto de ley de medios y la decisión de que Telecom Italia debe retirarse de la Argentina. El Gobierno demoró esa determinación desde octubre de 2007 -momento en que se oficializó el ingreso del grupo Telefónica en la empresa de control de Telecom Italia- hasta el mismo día en que envió al Parlamento el proyecto de la nueva ley de medios.
De todas formas, la marcha atrás oficial deja abierto un cambio en el futuro en tanto Cristina de Kirchner aseguró que «la convergencia tecnológica en algún momento se va a dar». Más allá de las posiciones políticas y de los intereses económicos, se sabe que cuando la tecnología avanza en una dirección, no se la puede parar, y lo único que puede hacerse es legislar para controlar situaciones de monopolio.
Un elemento para considerar es que la Argentina presenta un escenario difícil porque si bien el mercado de las telecomunicaciones está desregulado desde 2000, Telefónica y Telecom no sólo siguen siendo las principales prestadoras de telefonía fija, sino que también ocupan un lugar preponderante en la telefonía móvil y en internet. A su vez, la televisión por cable también está altamente concentrada en el grupo Multicanal-CableVisión, lo que por lo menos antes del proyecto de la ley de medios permitía especular con un mercado de «triple play» dominado sólo por tres grandes operadores, un oligopolio capaz de apoderarse de todo el mercado argentino.
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