Alarma a EE.UU. otro robo de información secreta en la NSA

Un hombre de 51 años obtuvo códigos que permiten penetrar las redes informáticas de países enemigos, como Rusia, China, Irán y Corea del Norte. ¿El nuevo “topo” habrá llegado a filtrarlos?

Washington - El FBI arrestó a un contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos bajo sospecha de que robó códigos ultrasecretos desarrollados para piratear las redes de gobiernos extranjeros, informó ayer el Departamento de Justicia.

"Una denuncia penal fue presentada acusando a Harold Thomas Martin III, de 51 años, de Glen Burnie, Maryland, del robo de propiedad del Gobierno y de extracción sin autorización y retención de material clasificado por un empleado o contratista del Gobierno", indicó un comunicado.

El sospechoso fue detenido el 27 de agosto, después de una redada en su hogar realizada por efectivos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, policía federal).

Martin trabajaba para Booz Allen Hamilton, la misma compañía que había contratado al conocido "topo" Edward Snowden, quien ahora se encuentra refugiado en Rusia tras haber revelado el verdadero alcance de los programas de vigilancia global de la NSA.

Esa empresa ayuda a construir y llevar a cabo muchas de las ciberoperaciones más sensibles de la NSA, la agencia encargada del espionaje electrónico en Estados Unidos, indicó el diario The New York Times.

Los medios estadounidenses dieron amplia cobertura a esta noticia, conocida un día depués de que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijera desde su refugio en la embajada de Ecuador en Londres que en los próximos días comenzará a publicar alrededor de un millón de documentos con información "significativa" relacionada con las elecciones estadounidenses del 8 de noviembre. El caso puede tener fuertes repercusiones en la campaña electoral.

Harold Thomas Martin III podría convertirse en el nuevo Snowden, dijeron observadores, lo que somete al Gobierno de Barack Obama a la posibilidad de que por segunda vez en tres años la NSA haya sufrido un robo de información clasificada. A esos casos hay que sumar la filtración de un cuarto de millón de cables del Departamento de Estado a WikiLeaks.

"Ésta es una situación que el presidente Obama toma muy en serio", aseguró en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, quien consideró que el supuesto robo de secretos sirve para "recordar lo importante que es estar vigilantes para proteger la seguridad nacional".

La clave del nuevo caso se encuentra en seis documentos clasificados y producidos en 2014 por un organismo gubernamental que Martin, de 51 años, tenía en su poder, según detalló en un comunicado el Departamento de Justicia, encargado de anunciar las pesquisas. "Esos documentos fueron producidos a través de fuentes, métodos y capacidades confidenciales del Gobierno, que son críticos para una amplia cuestión de temas de seguridad nacional. La divulgación de los documentos revelaría esas fuentes confidenciales, métodos y capacidades", aseguró el Departamento de Justicia. Los investigadores encontraron estos seis importantes documentos durante una inspección efectuada el 27 de agosto en el vehículo y la casa del sospechoso, en la localidad de Glen Burnie (Maryland).

Durante el registro, los agentes encontraron información clasificada en documentos impresos y también almacenada en varios dispositivos digitales, así como otro material propiedad del Gobierno que el individuo supuestamente había robado.

Según The New York Times, que cita a agentes de seguridad e inteligencia de manera anónima, el sospechoso robó unos códigos de alto secreto desarrollados para infiltrarse en las redes informáticas de naciones consideradas adversarias de Estados Unidos, como Rusia, China, Irán y Corea del Norte.

El individuo fue arrestado el 27 de agosto, el mismo día del registro, y acusado formalmente de robo de secretos por el Ejecutivo estadounidense en una corte del estado de Maryland dos días después.

Como ocurría con Snowden, Martin tenía autorización para acceder a información clasificada que no podía llevar de un sitio a otro a su antojo y que debía permanecer en las instalaciones habilitadas para su manejo por el Gobierno, de acuerdo con el escrito de acusación de la fiscalía.

De ser condenado, el sospechoso se enfrenta a una pena máxima de diez años de prisión por el robo de bienes del Estado y a otro año de cárcel por el delito tipificado como retiro no autorizado y retención de material clasificado.

Agencias AFP, EFE y DPA