Alarma entre los candidatos: fallos por reelección La Rioja y Río Negro, unificados el 22-M

Definió además que el 26 de marzo se expedirá sobre la legalidad o no del Impuesto a las Ganancias para los jubilados, en caso previsional que inquieta al Gobierno. Ya preparan llamado a audiencias.

Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti

Los jueces de la Corte Suprema se dedicaron ayer a juguetear con las hojas del calendario para inquietar no sólo a los gobernadores de las provincias que van por su reelección, sino también al Gobierno que asiste a un festival de fallos por delante que no puede predecir. En la reunión de acuerdos, los cinco ministros consensuaron una fecha clave: el viernes 22 de marzo darán a conocer su decisión sobre la constitucionalidad o no de la enmienda realizada por el gobernador de La Rioja, Sergio Casas. Y el mismo día, resolverán si Alberto Weretilneck puede presentarse a un nuevo mandato en Río Negro. Los casos son análogos, los protagonistas invertidos, y los argumentos de los demandantes -Cambiemos contra el riojano y el Frente para la Victoria contra el rionegrino- son idénticos. Acordaron retrasar 3 días el fallo sobre Casas, previsto originalmente para el 19, precisamente para evitar una proyección sobre la suerte de Weretilneck.

Adicionalmente, fijaron el 26 de marzo como la fecha en la que resolverán el planteo de inconstitucionalidad contra el pago del Impuesto a las Ganancias para los jubilados. Se trata del caso “García”, pero será amplificado a un universo mucho más amplio, uno de los objetivos de los dos expedientes previsionales que agendó la Corte en su cronograma de primer semestre. A mano alzada, la ANSES calcula que tributan el impuesto unos 300.000 pasivos, de ingresos más altos y se persignan ante el costo fiscal que tendría una decisión adversa. En los casos analizados por la Corte, aparece también un componente de impacto económico sobre cada uno de los haberes por el descuento. Una definición en torno a esta demanda fijará precedente “cascada” en tribunales inferiores. Pero también significará trazar una línea jurisprudencial sobre la aplicabilidad de ese impuesto en términos conceptuales a la clase pasiva. “Uno y uno”, hacen sus apuestas en despachos oficiales sobre el resultado de los dos litigios –a favor del Gobierno y en contra en términos fiscales-, contabilizando el que podría cerrar el ciclo de fallos con un amparo colectivo arrastrado de 2009 por el cálculo de movilidad entre el período 2006-2008. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales piensan más en caminos intermedios antes que en posturas binarias.

La Corte, como adelantó Ámbito Financiero, le remitió a la Procuración General el caso Río Negro y le fijó un plazo perentorio. No hizo falta: ayer devolvió las actuaciones dictaminando que no había “competencia originaria” de la Corte y que era una cuestión interna de interpretación de leyes provinciales. Sin titubear, la Corte, como con el caso riojano, volvió a ignorar esa postura y decretó horas después la competencia originaria para entender en ese dilema sobre eventual vulneración de los derechos constitucionales que está en juego. Esa declaración fue firmada por cuatro miembros. Carlos Rosenkrantz no firmó y podrá expedirse al momento de la sentencia. En ese detalle, en apariencia nimio, puede leerse la actual lógica de la Corte, donde, en lo que respecta a coordinación, el trinomio conformado por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda ha fichado en las últimas semanas a Elena Highton de Nolasco en sus filas. Esto no implica compartir votos en los fallos, sino confluir en un esquema de funcionamiento del máximo tribunal que arroja como resultado el aislamiento administrativo de Rosenkrantz. Los casos La Rioja y Río Negro funcionan como espejo -y los candidatos, sin Plan B- apuestan todo a la decisión del 22. Parecen no haber tomado nota de varios elementos que debieran haber hecho sonar las alarmas en los búnkeres de campaña.

Madura también, como informó este diario, el llamado a audiencias públicas para los casos de la petrolera Axion contra el municipio de Quilmes por el cobro de tasas municipales que cuenta con 40 amicus presentados por intendentes de variado pelaje ideológico. Será la primera, en abril. La segunda se colará en la agenda: la Corte convocará a audiencia pública para mayo para discutir la validez del decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri que eliminó el Fondo Sojero. Seis provincias litigan por la restitución de esos fondos que dejaron de percibir: Catamarca, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero y Formosa han unificado sendos recursos extraordinarios. Hay otra más en carpeta relacionada a un caso de consumo y vinculada a un supermercado, recién para julio. Más allá de la “performance” que implican las audiencias, los jueces están pensando en hacer audiencias “privadas” complementarias para intentar llegar a un acuerdo, sobre todo en cuestiones con impacto fiscal relevante.