El Gobierno de Alicia Kirchner convocó ayer a una reunión de urgencia para instrumentar las medidas necesarias ante el anuncio del despido de más de 300 trabajadores en las represas Kirchner y Cepernic, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó suspender la obra civil hasta tanto se realicen nuevos estudios de impacto ambiental.
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La gobernadora se reunió con el vicegobernador Pablo González; el ministro de Economía, Juan Donnini; el ministro de Gobierno, Fernando Basanta, y el presidente del Instituto de Energía de la provincia Jaime Álvarez , y acordaron una serie de acciones y reuniones en Buenos Aires, tanto con funcionarios nacionales de Energía, Interior y de la U.T.E., en coordinación con los representantes sindicales.
"Estamos en contra de todo lo que significa la pérdida de puestos de trabajo, creemos que la obra de realización de caminos de acceso y construcción de villas temporarias, que autoriza la Corte, puede ocupar la totalidad de la gente hasta tanto se habilite continuar con la obra civil. Para ello estamos viajando a Buenos Aires con el ministro de Economía para realizar gestiones Nación", dijo el ministro de Gobierno.
En simultáneo, la UOCRA se declaró en estado de alerta y movilización y alertó que si antes del 30 de enero Nación no destraba fondos para la continuidad de los trabajos en los accesos "se producirán unos 600 despidos adicionales". A la espera de las gestiones, la UOCRA realizará bloqueos en las rutas de acceso a las represas y movilizaciones en Río Gallegos.
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