Allanamiento en Legislatura y guerra con jueces

Aníbal Ibarra

La Justicia porteña desembarcó ayer en los despachos de la junta de Ética de la Legislatura, que conduce el macrista Oscar Zago, en el marco de una de la media docena de amparos que se presentaron en contra del procedimiento para designar a la fiscal Daniela Ugolini como reemplazante del ex juez Julio Maier, en la Corte de la Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia.

La orden la emitió la jueza Patricia López Vergara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, en pleno procedimiento para el nombramiento. Ya habían fallado tres jueces por la suspensión del trámite, aduciendo que Mauricio Macri lo inició antes de los plazos legales dispuestos en su momento por el ex jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra.

Ahora los legisladores apuran una sesión especial para votar que el propio Tribunal de Justicia de la Ciudad intervenga en el conflicto que considera es entre poderes. Para eso ya había redactado un proyecto de resolución el legislador Martín Borrelli, titular de la Comisión de Justicia.

El apuro no es sólo por la puja ya declarada entre el Gobierno porteño y los jueces de la Ciudad, sino porque el procedimiento para el nombramiento obliga a una audiencia pública antes de realizarse la designación mediante el voto de dos tercios de los legisladores en el recinto. Esas audiencia está programada para el viernes próximo, y los diputados temen que, de realizarse, la Justicia intervenga nuevamente para suspender y tomar, incluso, una medida más fuerte contra los diputados.

En el allanamiento de ayer fue retirado todo el expediente donde están los antecedentes de Ugolini y también las presentaciones impugnándola como candidata. El operativo se realizó cerca del mediodía con integrantes del juzgado de López Vergara y cinco policías de la Federal.

Según Zago, la «intención de la jueza es suspender la audiencia pública que teníamos previsto realizar el 30 de octubre para debatir la designación de Ugolini».

Cuando distintos magistrados ordenaron al Gobierno porteño suspender el trámite, el expediente ya había formalizado su ingreso a la Legislatura. Por eso, en la comisión, con acuerdo del PRO, se decidió continuar. Según el procedimiento, Macri publicó los antecedentes de la fiscal, luego se abrió un período de presentaciones de adhesiones e impugnaciones a cargo de la Subsecretaría de Justicia, y después se remitió a los legisladores. Pero la decisión de frenar el proceso obedeció a los plazos que indica la mecánica, dentro de los 60 días de ocurrida la vacante. Lo que sucedió es que Maier presentó su renuncia en forma anticipada, para jubilarse, y cuando todavía estaba en funciones, empezó a realizarse el procedimiento para su reemplazo. Según el propio Ibarra, la idea de aquel decreto fue evitar que un puesto como juez de la Corte quedara vacante más de lo necesario.