Allanaron el gremio de Camioneros por el conflicto en San Nicolás

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La Justicia buscó pruebas de una deuda exigida por el gremio a una empresa distribuidora de San Pedro.

La Justicia allanó por varias horas una sede del sindicato de Camioneros en búsqueda de pruebas documentales de una deuda alegada por el gremio en el contexto de un conflicto con una empresa, y que derivó semanas atrás en un paro de la recolección de residuos en la ciudad de San Nicolás. El procedimiento fue ordenado por la jueza María Eugenia Maiztegui en una causa en la que ordenó la detención de dos dirigentes locales del gremio que a nivel nacional lideran Hugo y Pablo Moyano.

El operativo se llevó a cabo en San José 1781, en Constitución, adonde funciona el sindicato Buenos Aires de Camioneros. La magistrada planteó la medida para buscar en la Tesorería de la organización pruebas de una deuda exigida a la empresa Rey Distribución SRL, de San Pedro, por liquidaciones al parecer irregulares. Ese planteo había derivado en un pago en efectivo y en cheques que, según el abogado penalista Daniel Llermanos, representante de los Moyano, se encontraba acreditado.

“Vinieron a buscar un comprobante y lo encontraron. Obviamente el trámite tuvo mucha espectacularidad, como los tantos allanamientos previos que tuvo este sindicato. De hecho la familia Rey (propietaria de la distribuidora) se filmó para hacer pasar el pago de la deuda como una coima y, aunque presentó ese video en el expediente, nadie quiso ponerlo al aire porque es una payasada. Todo está en los libros”, amplió Llermanos.

El procedimiento derivó de la detención del líder del sindicato en San Nicolás y concejal local del Frente de Todos, Maximiliano Cabaleyro, y del referente Fernando Espíndola. Maiztegui los imputó por supuesta extorsión, turbación de la posesión y coacción, y la Cámara de Apelaciones confirmó las prisiones preventivas de ambos. La disputa entre el gremio y la compañía data de hace más de un año y cobró visibilidad una vez que tomó la representación del dueño de la compañía la dirigente del PRO Florencia Arietto. Junto a su jefa política, Patricia Bullrich, la exencargada de seguridad e Independiente convirtió en una bandera la supuesta lucha contra los bloqueos sindicales a empresas.

En las actas ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, a las que accedió este diario, hay constancias de varios incumplimientos a lo largo de los últimos años, reconocidos por las propias autoridades de Rey Distribución: entre ellas, registración de trabajadores en convenios ajenos al de Camioneros (como Comercio), sanciones de carácter “antisindical” al personal e incluso a los delegados protegidos por fueros, así como “diferencias salariales y aportes previsionales de 24 meses antes de iniciado el conflicto y de aportes gremiales de al menos cinco años antes.

Según Llermanos, una deuda de las que asumió la propia compañía ante la cartera laboral bonaerense fue la que la jueza intentó verificar en el allanamiento. “Debían varios millones en aportes al sindicato y se terminó por acordar un pago compensatorio por 850 mil pesos en cheques y efectivo. Ese es el pago que está debidamente acreditado en Tesorería”, sostuvo el letrado.

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