La Oficina Anticorrupción (OA) que comanda Laura Alonso presentó ayer una denuncia contra el líder del Movimiento Evita, el piquetero "friendly" Emilio Pérsico, por no haber presentado la declaración jurada patrimonial obligatoria cuando era secretario de Estado en la era K.
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Así, el Gobierno tensó el vínculo que el piquetero vaticano tiene con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con quien pactó la prórroga social hasta 2019, festín que otorgará $30.000 a movimientos sociales que tienen la venia del papa Francisco.
La denuncia podría derivar en una pena de 15 días a dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua "a quien estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo".
El texto de la presentación de la OA recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, y la fiscal federal Paloma Ochoa, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
La semana pasada hubo una primera reunión -tras la sanción de la ley, en diciembre pasado- entre los piqueteros vaticanos y Stanley de "mucho respeto y cordialidad", según confiaron desde ambas parte a este diario.
El proyecto sancionado permite "reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias" hasta $25.000 millones durante el plazo de vigencia de la ley. En caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta $5.000 millones.
El Consejo de la Economía Popular, que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social como "un ámbito institucional permanente", estará integrado por un representante de esa cartera, uno del Ministerio de Trabajo, otro de Hacienda y tres correspondientes a las organizaciones sociales inscritas en el RENATREP.
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