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Alternativa para Dilma: penales privados
El sitio web de la BBC dio cuenta de que el complejo penal de Ribeirão das Neves, en el estado de Minas Gerais, y el Centro Integrado de Resocialización de Itaquitinga, en Pernambuco, tendrán capacidad para alojar a unos 3.000 presos cada uno.
El modelo de cárceles privadas recibió críticas en Chile en diciembre pasado, luego de la muerte de 83 presos en el penal estatal de San Miguel. En esa ocasión, el presidente Sebastián Piñera, cuyo país tiene el mayor ratio presos/población de la región después de Surinam, cuestionó el sistema de prisiones concesionadas que implementó en 2000 el socialista Ricardo Lagos. El modelo, según sus críticos, generó que los presidios del Estado se abarrotaran para no congestionar los privados y evitar el pago de indemnizaciones a las empresas establecidas en el contrato.
Crítica pastoral
En esa línea, la Pastoral Carcelaria de Brasil criticó el plan de Rousseff porque «la empresa entra para tener lucro y los presos son usados para eso».
El estado de Minas Gerais anunció que pagará 75 reales (cerca de u$s 50) diarios al consorcio brasileño Gestores Carcelarios Asociados por cada preso que aloje en la cárcel que construye en la periferia de la capital estatal, Belo Horizonte.
Marcos Siqueira Moraes, responsable del proyecto en Minas Gerais, consideró ante la BBC que se trata de un debate sin sentido debido a que la sobrepoblación carcelaria es una cruda realidad hoy, amén de onerosa para el Estado (ver nota principal).
Otro aspecto polémico es la sospecha de que el sistema de concesiones genera más arrestos para favorecer el negocio. La experta chilena Lucía Damert consideró ante el sitio británico que «si bien es válido cuestionar si las cárceles privadas incentivan más arrestos, en América Latina, donde hay -en promedio- el doble de prisioneros que camas en las cárceles, lo más seguro es que este sistema no aumentará la tendencia».
Hasta ahora, en Brasil funcionan cárceles en las que están tercerizadas salud, alimentación y educación, pero las de Pernambuco y Minas Gerais serán las primeras en las que la seguridad también dependerá de empresas privadas.
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